MANEJO DEL ESTADO

La democratización de la corrupción: Ana Paula Figueroa González

Este gobierno deja en la historia nacional una impronta insoslayable. Es indiscutible que las obras faraónicas cambiaron la vida de un número significativo de ciudadanos, no obstante, quedarán en nuestra memoria situaciones oprobiosas que tuvimos la “suerte” de conocer gracias a la labor de los medios de comunicación.

Hemos sido testigos del descontrol y despilfarro en el manejo del gasto público, con altos niveles de corrupción que solo permite la concentración de los poderes del Estado, con un Órgano Judicial que actúa al son que se le ordene y diputados que solo representan los intereses de su comprador en la Asamblea Nacional.

Observamos que las instituciones estatales, en su mayoría, son manejadas por personas corruptas que actúan con el aval de superiores. Esto le otorga a un número plural de subalternos una “patente de corso” con la que se extralimitan en sus funciones y comprometen los bienes del Estado a su antojo. Es innegable que en los últimos cinco años muchos funcionarios de mandos medios y altos elevaron su estatus de vida y hoy exhiben de forma abierta sus bienes como muestra del derroche de dinero.

De igual forma, esos beneficiados incurren en conductas delictivas a través de la figura criminal del peculado per se, el cohecho o el peculado de uso en todas las jerarquías administrativas. Respecto a esta última forma de delito contra la administración pública, presencié cómo un director ministerial en ejercicio (en la cartera de Trabajo), a sabiendas de que cometía una infracción penal, por su formación como jurista, usaba el tiempo destinado a la actividad pública para trabajar en la empresa privada.

Es decir, que además de la economía vigorosa y los megaproyectos, en los cinco años del cambio se implantó la “democratización” de la corrupción, con nuevos ricos que comparten el común denominador de haber sido funcionarios o consentidos del poder, blindados judicial y legislativamente, con la impunidad de facto, con licencia para acumular riquezas sacadas del erario público y actuar como les plazca.

Tal vez, el aumento general de la criminalidad en Panamá se deba, en parte, al mal ejemplo de muchos empleados público. El clima de podredumbre con el que se ha administrado la cosa pública, incita a la transgresión de la ley y a la perversión social.

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