´Pelepolice´

Entre el hecho y el derecho: Julio Fidel Macías Hernández

Afirmar que el “análisis jurisdiccional del Juzgado Séptimo de Circuito Penal no es de aplicación general, pues el mismo se limitó a los casos específicos antes mencionados...”, sería tanto como afirmar, que los jueces solo hablan tonterías en lugares recónditos. Quien desatiende las palabras de un juez consignadas en una sentencia, puede estar cometiendo la misma estupidez de quien se tropieza varias veces con la misma piedra y en el mismo camino.

Etimológicamente, la palabra sentencia proviene del latín sententia, la cual deriva de sentiens, sentientis, participio activo de sentire que significa sentir; lo que quiere decir, que la sentencia equivale al sentimiento del juez y si tomamos en cuenta que los jueces representan al Estado, en última instancia, la sentencia es un sentir del Estado. Por esta razón, no se puede desatender tan ligeramente los postulados de una sentencia.

He leído la Sentencia Absolutoria No. 131, de 13 de octubre de 2011, emitida por el juez Felipe Fuentes López y no me parece que el juez haya hablado tonterías. Muy por el contrario, ha realizado una correcta aplicación del derecho.

Es cierto que el Estado tiene la función de prevenir y/o reprimir los delitos y que en esa dinámica la Policía Nacional constituye el brazo derecho de ese sistema, sin embargo, ello no debe considerarse como una autorización indiscriminada o arbitraria para perturbar un derecho de rango constitucional, como el de la libertad de circulación.

Siguiendo la tradición del derecho anglosajón, que reconoce la existencia de una dimensión sustantiva del debido proceso, “todo acto será considerado arbitrario y, por tanto, lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito –en tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que pretenden protegerse– y los medios para alcanzarlo no son proporcionales –en tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad...” (César Bazán).

Recordemos que el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia, sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración. Lo anterior, indica que –en efecto– el pele police requiere un fundamento legal que legitime su empleo; pero no cualquier norma legal como pretenden algunos, sino fundada en parámetros racionales que ponderen las situaciones en la que se hace necesario el empleo de esta herramienta y las circunstancias específicas que deben concurrir para no soslayar el derecho fundamental de la libertad de circulación. De otra manera, el pele police seguirá debatiéndose entre el hecho y el derecho: el hecho que la Policía lo utilice y el derecho a que la ciudadanía se oponga.

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