PROPIEDAD INTELECTUAL

Un derecho ignorado: Franklin Castrellón

El respeto al derecho a la propiedad, tanto intelectual como de bienes físicos, es consustancial a la condición humana y requisito fundamental para que un país alcance óptimos niveles de desarrollo. Tan es así que los países más desarrollados son aquellos en los que se respeta la propiedad física e intelectual y, en la misma medida, se persigue a quienes infrinjan ese sagrado derecho.

En reconocimiento a esa realidad, la Organización Mundial de Comercio adoptó en 1994 los principios del derecho a la propiedad (IPR, por sus siglas en inglés) que deben cumplir los países miembros de esa organización. Con base en ellos, la mayoría de los países del mundo ha aprobado leyes dirigidas a garantizar tanto el respeto a la propiedad privada como a la propiedad intelectual.

Al respecto de la importancia que tiene el respeto y protección del derecho a la propiedad intelectual, el Informe de Competitividad Global 2011-2012, elaborado por el Foro Económico Mundial, advierte que el principal pilar para el desarrollo descansa en la calidad de las instituciones responsables de velar por el respeto a ese derecho. “Por ejemplo, los dueños de tierras, acciones corporativas y de propiedad intelectual son refractarios a invertir si sus derechos no están efectivamente protegidos”.

La propiedad intelectual es definida como el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, etc.) respecto a obras y servicios fruto de su creación intelectual. Usualmente la administración de esos derechos se asigna a los ministerios de Educación o de Comercio, como es el caso de Panamá. Y su protección al Ministerio Público y el Órgano Judicial. En cumplimiento de esa política, Panamá aprobó en 1996 la Ley No. 35 de 10 de marzo, mediante la cual dictó disposiciones legales de protección a la propiedad industrial e intelectual, y facultó a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (Digerpi) del Ministerio de Comercio para la aplicación de dicha ley. Pero ocurre que, mientras la Digerpi cumple su parte, el Ministerio Público, responsable de investigar las denuncias de violación de la Ley 35, no está cumpliendo su deber constitucional de administrar justicia de manera expedita (artículo 201).

Esta falla en el cumplimiento de la ley que protege la propiedad intelectual llevó a Panamá en 2012 a caer a la posición 127 entre 130 naciones del mundo evaluadas por el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (Ipri), publicado anualmente por la organización Property Rights Alliance, con sede en Londres.

El índice en cuestión mide la independencia jurídica, el imperio de la ley, la estabilidad política, el control de la corrupción, la protección a los derechos de propiedad física, el registro de propiedad, el acceso a préstamos relacionados con propiedad física e intelectual, la protección a los derechos de propiedad intelectual, la protección de patentes, y la piratería de derechos de autor.

En torno a la interrogante si el sistema panameño es justo, expedito y honesto, Panamá tuvo una calificación negativa; ocupamos el lugar 112 en el ranking mundial. Pero fuimos peor calificados en la protección de bienes, al quedar en la posición 119. ¿Y cuál ha sido el rol de las agencias responsables de proteger ese derecho? El informe respondió que las entidades públicas responsables de proteger la propiedad realizan una tarea mediocre.

En protección de la propiedad intelectual, el índice ubicó a Panamá en la posición 125. ¿Qué nos sugieren estos indicadores? Que somos un país abierto a la piratería, a la actividad de los ilegales. En lo personal, hace cuatro años interpuse una denuncia contra una empresa inglesa por el uso fraudulento de la marca Panama Maritime Handbook/Manual Marítimo de Panamá, y hasta la fecha la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual no ha tomado decisión alguna, a pesar de haber presentado evidencias y testigos del más alto rango. Lo peor es que la ley estipula que estos casos expiran en seis años.

¿Por qué nuestras autoridades no cumplen su responsabilidad constitucional y legal? Quizás la respuesta la encontremos en un análisis hecho sobre el tema en agosto de 2009 por el jurista salvadoreño José M. Méndez bajo el titular “Los siete pecados capitales de la mora judicial”. Méndez describe cómo la corrupción, la irresponsabilidad profesional (ley de la gaveta), el amiguismo, la ignorancia profesional y la carencia de recursos, entre otras deficiencias, afectan la calidad de la justicia. En Panamá, ocasionalmente se han producido iniciativas en la Corte y la Procuraduría para dar cumplimiento al mandato de administrar justicia de forma expedita. ¿De qué vale una ley ejemplar de protección a la propiedad intelectual, si quien debe velar por el respeto a ese derecho incumple su función? La vía exitosa que han seguido otros países para detectar a funcionarios irresponsables en administrar justicia es la de auditorías. ¿Por qué no aplicar esta fórmula y depurar del sistema a los jueces y fiscales que no cumplen su deber constitucional y legal?

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