PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El derecho a la intimidad: Roberto Montañez

Cuando era impensable el impacto que tendría la internet en el desarrollo científico y cultural de la sociedad contemporánea, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Teherán había advertido, en 1968, sobre los peligros que podrían derivarse del uso de nuevas tecnologías y la necesidad de proteger los derechos fundamentales, como la libertad y la dignidad de los individuos. Hoy día el vertiginoso avance en la telemática ha facilitado la rapidez en el procesamiento, almacenamiento y distribución de datos personales a escala internacional, llegando a crear un mercado mundial de tratamiento de datos, que hace imperioso preservar los intrínsecos valores humanos.

Uno de los atributos más preciados del individuo es su derecho a la intimidad, el cual consiste en preservar en la confidencialidad y reserva de bienes como el honor, la dignidad, la información sensible a la orientación sexual, identidad étnica o racial, religión, ciertas enfermedades e ideas políticas. La privacidad, la verdad, la autodeterminación informativa y la igualdad son parte inalienable del derecho a la identidad y a ser diferente.

Los personales abarcan aspectos como el derecho al nombre, a la integridad física, a la vida privada, a la imagen, a la moral y al honor. La intimidad es el derecho de excluir a los demás del conocimiento de la vida privada, de sus sentimientos y comportamientos. Por tanto la autonomía de la voluntad del individuo debe prevalecer ante otros, incluyendo la injerencia indebida de poderes públicos, sus órganos como sus agentes, garantizando la privacidad como uno de los valores humanos fundamentales de los ciudadanos para mantenerse libres.

El derecho a la privacidad implica la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su vida, teniendo como elemento esencial la inviolabilidad de su vida privada, su espacio físico o domicilio donde se desenvuelve, sus medios de comunicación y correspondencia, así como objetos que contenga su voluntad en escritos, fotografías u otros documentos personales. La inviolabilidad de la correspondencia no se reduce únicamente al ámbito de la escrita, sino que abarca la comunicación privada entre personas en la telefonía fija, la móvil, el correo electrónico y las redes sociales.

Estos derechos inherentes a toda persona son inalienables, y al representar el valor de la dignidad humana están expuestos ante el continuo avance tecnológico de las comunicaciones. El problema surge cuando el derecho a la información entra en conflicto con los relacionados a la vida privada. El derecho a la intimidad y a la propia imagen es uno de los más amenazados por la libertad de expresión que reclaman los medios de comunicación. Estamos ante un conflicto entre libertades: por un lado está la del individuo a ser soberano en su ámbito privado, y por el otro, la que tiene el medio a revelar información cuando juzga que es de interés general.

Las normas internacionales establecen que la privacidad es el ámbito de la vida personal de un individuo y su familia, que se desarrolla en un espacio reservado y, por tanto, debe mantenerse con carácter confidencial. Así se desprende del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al señalar que el derecho a la vida privada es humano y, por tanto, “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”; “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Con el mismo tenor la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica establece este precepto en su artículo 11. Este derecho también está consignado en el artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra Constitución establece en su Artículo 26 la inviolabilidad del domicilio; mientras el Artículo 29, señala que la correspondencia como las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables.

En un estado de derecho dirigido al bien común los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley, por tanto están llamados a hacer efectivas las garantías procesales de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Ante el despertar de la conciencia jurídica universal es un imperativo asegurar la protección eficaz del ser humano en todas y cualesquiera circunstancias. El adecuado balance entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad son esenciales en el equilibrio funcional y armónico de una sociedad libre, no es posible concebir un orden legal haciendo abstracción del orden moral, cuando por implicaciones éticas, sociales y jurídicas se encuentren amenazados los derechos fundamentales.

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