EQUIPOS FISCALES

El derrotismo frente a lo injusto: Raúl Moreira Rivera

El próximo día 18 de octubre se inicia en la República de Panamá la aplicación de la Ley que, salvo algunas excepciones, obliga a las empresas establecidas en nuestro país a documentar las transacciones derivadas de la venta de bienes o de la prestación de servicios, a través del uso de equipos fiscales debidamente aprobados por la Dirección General de Ingresos (DGI).

En principio nos parece que la DGI, cumpliendo con su objetivo, ha implementado un sistema novedoso para evitar la evasión del ITBMS, esto es totalmente comprensible para aquellos negocios que realizan una cantidad importante de transacciones, sin embargo, es indudable que a la DGI –y hablando en buen panameño– se le ha ido la mano en pollo, al incluir dentro del marco de implementación a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes) de nuestro país.

Hay diferentes razones que sustentan la inconveniencia de la aplicación, casi generalizada, de esta disposición, como vemos a continuación.

Primero, las operaciones comerciales de las empresas se deben realizar dentro de un entorno que brinde la menor incertidumbre posible, de manera que se puedan proyectar los posibles beneficios de la operación de las mismas y el marco de seguridad necesario, ante posibles cambios inesperados; eso está contenido en las leyes que regulan sus operaciones.

La ley que establece el uso de equipos fiscales no brinda ese marco de seguridad, al establecer que la DGI está facultada para revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier otro formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de facturas, así como para exigir el uso de equipos fiscales en otras actividades que a su juicio lo requieran.

Segundo, como producto del notable auge del desenvolvimiento económico que ha experimentado nuestro país en los últimos años, muchas micro y pequeñas empresas han tenido la oportunidad de ingresar al esquema de la formalidad, traduciéndose esto en el pago de tributos y de contribuciones a la seguridad social, lo que es altamente beneficioso para la economía nacional.

Como no se establece un marco claro, que defina cuáles empresas se deben acoger a esta nueva disposición, se corre el riesgo que muchas de las micro y pequeñas empresas antes mencionadas, por no estar en capacidad de realizar esta inversión en adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos fiscales, se vean obligadas a volver a la informalidad, lo cual significaría un costo mucho mayor para la sociedad que el beneficio que pretende lograr el Estado en términos de incremento de la recaudación impositiva.

Tercero, si el Código Fiscal establece que las empresas que realizan transacciones mensuales, iguales o menores a 3 mil balboas, no son contribuyentes del Itbms y si los equipos fiscales han sido concebidos principalmente para registrar el cobro de este impuesto y para evitar su evasión, entonces ¿cuál es el sentido de obligar a estas empresas a invertir en adquisición, instalación y mantenimiento de un equipo, por demás costoso, para registrar el cobro de un impuesto que estas empresas no cobran?

Esta situación sin sentido ya se está comprobando al hacer transacciones en pequeñas empresas que con gran esfuerzo han adquirido el equipo y, como es de esperarse, todas las facturas que emite la máquina indican transacción exenta.

Frente a esta preocupante situación, la respuesta de los empresarios es que no hay de otra, que si el Gobierno lo establece ¡qué se va a hacer!, cayendo en una situación de derrotismo frente a un escenario totalmente injusto que amenaza la existencia de una gran cantidad de pequeñas empresas en nuestro país.

No basta con posponer la implementación de la medida, ni que se dé exoneración del 100% en la adquisición del equipo (dentro de un período de tiempo), si el final será lo mismo, un desastre total para las Mipymes.

El Gobierno debe recapacitar en la implementación de esta medida de manera indiscriminada, ya que los pequeños empresarios de nuestro país no son evasores fiscales y, por lo tanto, de manera organizada deben hacer sentir su voz en torno a esta ley injusta. Este es el momento de hacerlo, después ya no habrá nada que hacer, más que volver a vender en las calles y en las esquinas, aumentando la informalidad y, por lo tanto, la inseguridad social.

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