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La descentralización administrativa en Panamá: Jorge Chang Villarreal

La descentralización administrativa en Panamá: Jorge Chang Villarreal La descentralización administrativa en Panamá: Jorge Chang Villarreal
La descentralización administrativa en Panamá: Jorge Chang Villarreal

Cuando hablamos de la descentralización, debemos partir de que Panamá es uno de los países de Latinoamérica que más centralizada tiene la cosa pública. Desde hace décadas, se han hecho múltiples esfuerzos para lograr que, de una vez por todas, este proceso administrativo se haga realidad.

La descentralización es una tarea pendiente desde la Constitución de 1941, que desde mi óptica estableció un modelo de desarrollo increíble para su época, porque creó corregimientos y ayuntamientos provinciales, representantes de corregimiento, además del consejo municipal, estructura que no es más que la comunidad organizada, y que participa en los procesos de administración pública locales.

Posteriormente, se hicieron algunos avances, tal vez, el más sustancial a partir de las reformas constitucionales de 2004, en su título VIII sobre régimen municipal y provincial, capítulo II. Para ser preciso, abarca 19 artículos que incluyen elementos puntuales como lo que señala el 233: “Al municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana”.

Se incorporan, de forma clara y evidente, los principios esenciales de una eficiente descentralización y, por ende, se crean los cimientos sólidos de una entidad municipal fuerte, pero participativa en la que los ciudadanos tienen derecho a presentar sus iniciativas, y el de referendo en los asuntos atribuidos al consejo, como lo señala el Art. 239.

Posteriormente, se estableció la Ley 6 de 2006, que desarrolla por medio de los principios legales, cuáles debían ser las normas y pautas para lograr la autonomía municipal, y para lograr este proceso largo de descentralización, comienza por adjudicarle a los municipios las potestades o competencias de autoridad urbanística local, para el desarrollo de los nuevos ordenamientos territoriales de su área. Entendido esto, como la base para lograr una descentralización en las esferas administrativas, políticas y financieras.

La Ley 6 de 2006 quedó como letra muerta, en vista de que en la Ley 61 de 2009 se establece la reestructuración del Ministerio de Vivienda y se contempla la creación de un Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que realizará estas funciones, quitándole la competencia a los municipios en cuanto a las decisiones urbanísticas del país. Esto se dio en el contexto de una política que utilizó el gobierno anterior para prorrogar, por cinco años, la Ley 37 de 2009, que promueve el proceso de descentralización sistemática de la administración pública en los municipios, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible e integral del país, mediante la delegación y el traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Órgano Ejecutivo, de manera gradual. Es precisamente esta ley la que establece de forma programática el desarrollo del texto constitucional.

Sin embargo, desde la instauración de la nueva administración, con atino se trabaja en ese modelo. No es una casualidad que los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, hayan entendido que la descentralización, bien manejada, logra aminorar los niveles de desigualdad y aumenta la participación ciudadana, y que son los gobiernos locales los que conocen de primera mano cuáles son sus necesidades.

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