EDUCACIÓN

Entre concursos, ejecutorias y democracia fragmentada: Ileana Gólcher

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Faltan escasos días para que culmine el año escolar 2014 y uno de los compromisos académicos pendientes del Ministerio de Educación (Meduca) es el de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 47, Orgánica de Educación de 1946, que en uno de sus parágrafos establece: “Serán escogidos mediante concurso de créditos y antecedentes, por un término de cuatro (4) años, las direcciones y subdirecciones de inicial, básica general, media académica, particular, profesional y técnica, recursos humanos y la de currículo y tecnología educativa”.

La anterior administración de la ministra Lucy Molinar incumplió dicho requisito y, a pesar de los persistentes reclamos de los gremios educativos, sus directores y subdirectores permanecieron en sus cargos, sin el respectivo cumplimiento a lo establecido en la norma.

El artículo en mención aspira a que las responsabilidades académicas directamente relacionadas con las transformaciones educativas se alejen de la mano político–partidista que actúa, por lo general, en función de los intereses de la administración de turno y trabaje con quienes demuestren –mediante concurso– ser los más idóneos.

La práctica administrativa de las últimas décadas ha comprobado que se trata de una democracia académica fragmentada, debido a que a pesar de que los aspirantes al cargo presenten sus ejecutorias y obtengan el máximo puntaje, el ministro (a) de Educación tiene la potestad de seleccionar, entre la terna, los nombres de los docentes que considera “más idóneos” para ocupar las plazas, aunque sean los que menos puntajes tengan. Otra lectura de esta práctica, a todas luces antidemocrática, es que se desmoraliza a quienes se dedican a estudiar, con sus propios recursos, para alcanzar una maestría, un doctorado y decenas de seminarios de actualización académica.

Algunos concursan varias veces pero, por razones que jamás se les explica, nunca obtienen un nombramiento. Esto influye en que los directores en ejercicio se parcialicen en sus decisiones, al saber que sus cargos están sujetos a la libre remoción del ministro de turno. Y los resultados son obvios: aceptan introducir cambios curriculares sin sustento académico, aplauden todas las medidas emanadas del despacho superior y pierden de esa forma su legitimidad ante la comunidad educativa.

Cabe señalar que una de las instituciones del Estado que ha permanecido sin mayores modificaciones de trascendencia, tanto administrativas como académicas, es el Meduca, y que a pesar de ser la entidad con el presupuesto más alto per cápita de Latinoamérica, no ha logrado conferirle el carácter de verdadero sistema, creando el diseño simultáneo de todas sus partes, en vez de ir resolviendo los problemas que se presenten, por ejemplo, de infraestructura, aumentos salariales, cambios curriculares, eliminación de cátedras sensitivas dentro de los programas de estudio y, ahora, paralizando la transformación curricular, lo que coloca a la deriva al sector más estratégico del país. Es urgente que se sometan a concurso los cargos académicos en referencia y, también, que se consulte y presente la estrategia educativa quinquenal que la actual administración ejecutará en los próximos años, con base al planeamiento educativo y a las prioridades señaladas en las estadísticas.

Recordemos que Panamá es signataria de convenios internacionales que se basan en las Metas 2021, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los lineamientos de la concertación, entre otros. Solo así se evitará ejecutar un plan distanciado de los compromisos, tanto nacionales como internacionales.

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