ESTRATEGIAS

Hacia la erradicación definitiva de los altos precios: Guillermo Chapman Jr.

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El aumento de los precios en términos generales y, en especial, de los alimentos en los últimos años, ha sido dañino para el común de los consumidores, más aún para los grupos de bajos ingresos. Frente a una inflación histórica del orden del 1% anual o menos, entre 2005 y 2013 el índice de precios al consumidor (IPC) creció al 4.6% anual, y el de los alimentos y bebidas, al 6.4%, ritmo al que los precios se doblarían cada 12 años. La presión social y política para “hacer algo al respecto” llevó a las medidas de reciente adopción, para darle respiro inmediato a los consumidores. Pero esto a largo plazo puede tener costos importantes para ellos y el desarrollo económico.

Quienes leyeron La gran idea, novela del filósofo y economista Henry Hazlitt, o los seguidores de la rusa, Ayn Rand, tendrán una visión clara de las consecuencias que tiene para la sociedad un régimen de control de precios permanente. Esto sin tener que visitar Venezuela o a la Argentina de hoy, y sin mayores conocimientos de economía. Los efectos más visibles son la escasez de los productos regulados, el desvío de la oferta hacia los bienes con precios no controlados y una mayor corrupción del tejido social.

No es aventurado suponer que esta realidad influyó en quienes formularon el Decreto Ejecutivo No. 165, que estipula en su último artículo: “Esta medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las causas que motivaron su adopción...”. Sin embargo, buena parte de las causas de la elevación del ritmo de crecimiento de los precios y, en especial, los de los alimentos en los últimos años no desaparecerán por razón de fuerzas naturales, por lo que se hace imperativo identificarlas para eliminarlas.

¿Cuáles son esas causas? Mencionaré las que parecen más obvias, a fin de sugerir pistas para que las autoridades investiguen, a fondo, las principales distorsiones de mercado que llevaron a la aceleración en el alza de los precios, y las eliminen o subsanen.

Encontramos una primera pista en la forma en que está organizada la comercialización de alimentos. Algunos grupos con elevado poder del mercado se han organizado verticalmente. Combinan de forma integral la importación de bienes alimenticios, el acopio al por mayor de la producción agropecuaria nacional y las cadenas de distribución al detal. Como mayoristas, a su vez, son proveedores de empresas más pequeñas que no son parte de su cadena de distribución.

La concentración de poder de mercado en pocas manos, es decir, un oligopolio que mantenga precios mayores a los que prevalecerían de existir un régimen de competencia, trabaja en contra del consumidor. La teoría y la práctica de una economía de mercado que funcione bien, establecen la conveniencia de prohibir esta forma de organización industrial. A fines del siglo XIX e inicios del XX los presidentes de Estados Unidos William McKinley y Theodore Roosevelt desarmaron las concentraciones del petróleo y acero (los llamados trusts).

El Gobierno de México acaba de adoptar ese tipo de medidas para diluir el poder de mercado de las empresas con poder dominante del mercado en telefonía y televisión. En el caso nuestro, antes de proceder a la acción, habría que medir si las organizaciones integradas verticalmente generan beneficios de eficiencia, por razón de su tamaño (las llamadas “economías de escala”), o si terminan encareciendo los productos que ofrecen.

Una segunda causa se deriva del papel que ha jugado el Gobierno al actuar como importador y comercializador de alimentos. La actuación gubernamental en este caso ha sido muy dañina para la producción local, al importar bienes agrícolas que se producen en el país, coincidiendo con la entrada de las cosechas de esos productos.

Este es un tema que debe manejarse con mucho equilibrio, ya que promover la producción agropecuaria regulando las importaciones produciría reducciones en los precios, a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo puede trabajar en sentido contrario, elevándolos.

¿Hay cuellos de botella en el transporte de productos alimenticios? Si hubiese barreras legales o, de hecho, a la entrada de nuevos transportistas de productos agropecuarios, los actores actuales derivarían lo que técnicamente se llama una renta económica (precios y ganancias más allá de lo que un mercado competitivo generaría) encareciendo los productos.

Algunos conocedores del ente que debe promover la competencia manifiestan que este carece de suficientes facultades para hacer una labor efectiva en cuanto a detectar, sancionar y tomar medidas para superar las distorsiones de mercado. La aplicación de sanciones, a través del sistema judicial, ha nulificado en la práctica la tarea del ente. En algunos países las sanciones las aplica el ente regulador, garantizándole al afectado el derecho a recurrir a los tribunales en materia de inconstitucionalidad o de denegación de justicia.

En el último quinquenio, el gasto público total y, sobre todo, en inversiones se incrementó a una velocidad mayor que la del crecimiento de la producción, medida por el PIB. Este fue un factor que contribuyó a que el PIB creciera más allá de su potencial natural causando el recalentamiento de la economía y la elevación de los precios. Un manejo fiscal prudente en el quinquenio que se inicia, ayudaría a aminorar la inflación.

En la actual coyuntura la estrategia para controlar los precios debe asemejarse a la toma de decisión sobre si entrar, o no, en una guerra. El estratega prudente elabora de antemano, tanto la forma cómo entra en ella y, con igual o mayor importancia, cómo se sale. La falta de una estrategia de salida lleva a empantanamientos como los que vimos en las guerras de Vietnam y, en fechas más recientes, en Irak y Afganistán.

¡No repitamos esa experiencia con el control de precios!

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