CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

El esquema casi perfecto: Franklin Castrellón

Si hay algo que el gobierno de Ricardo Martinelli hizo, casi de forma perfecta, fue crear un esquema de corrupción en el que sus actores disfrutasen de impunidad. Pero no pudo controlar las elecciones, lo que permitió al Tribunal Electoral (TE) dirigir un proceso impecable que resultó con la elección de Juan Carlos Varela e Isabel de Saint Malo de Alvarado, como presidente y vicepresidenta de la República, respectivamente.

El esquema de corrupción-impunidad del pasado gobierno se comenzó a urdir con la designación de la empleada de una empresa del expresidente, como contralora general. Pocos meses después se aprobó “flexibilizar” las contrataciones públicas, con la excusa de agilizar la ejecución de las obras. Premisa falsa, pues en la Autoridad del Canal no se necesita esa fórmula para agilizar las obras; allí las contrataciones directas son escasas y se limitan a la exigencia de una marca, fabricante o suplidor específico, porque no hay sustituto adecuado. El siguiente paso fue la compra de diputados de oposición e inmediatamente después caería el Órgano Judicial. Primero cayó el Ministerio Público, cuando –en un acto inconstitucional– se removió a la procuradora Ana Matilde Gómez y se reemplazó por Giuseppe Bonissi, allegado al expresidente. Poco después este se hizo de una mayoría en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al designar a Alejandro Moncada Luna y otros allegados. Los designó, a pesar de fundadas objeciones de la sociedad civil y de juristas como Ítalo Antinori, quien dijo que Moncada Luna tenía un pésimo historial, por haber “incurrido en graves violaciones a la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial así como a las normas de ética judicial...”.

Cuando a fines de 2010, Bonissi fue forzado a renunciar por ser vinculado al escándalo de la liberación de cuatro presuntos narcotraficantes, Martinelli lo reemplazó con José Ayú Prado, a quien nombró después magistrado de la CSJ. Del esquema de control no escaparía la Unidad de Análisis Financiero, que tiene entre sus funciones investigar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo. También se incluía en agenda la Fiscalía Electoral en la que el expresidente designó a un copartidario que, aunque renunció, actuó como si lo fuese, omitiendo responsabilidades constitucionales y legales. Tampoco escapó el sistema nacional de seguridad, que ha servido más para espiar a los políticos de oposición que para captar movimiento del crimen organizado.

Este esquema propició las generalizadas contrataciones directas con sobreprecios, bienes y servicios jamás entregados y otras bellezas que estimularon el enriquecimiento injustificado que hoy desvela la prensa independiente, a pesar de la opacidad en materia de rendición de cuentas que caracterizó a la pasada administración, que patrocinó escándalos como el de Financial Pacific y el uso ilegal de fondos públicos para favorecer a candidatos en las elecciones. La corrupción fue tan descarada que el único razonamiento que la sustentaba era la certeza de que el Gobierno debía retener el poder por 15 o 20 años más. Y, por si acaso, en el último periodo la pasada Asamblea se aprobó la Ley 35 de 2013, que redujo a la mitad los términos de prescripción de delitos de peculado y enriquecimiento injustificado.

El gran escollo fue, como ya dije, el TE, cuyos magistrados rechazaron las presiones del Ejecutivo, en forma directa o a través de la CSJ. En un ensayo exitoso, esta invadió funciones privativas del TE cuando le ordenó entregar credenciales a siete candidatos de Cambio Democrático a diputados del Parlacen que no participaron en las elecciones de 2009. Y al hacerlo, violó un precedente establecido desde 1990 por la CSJ de no inmiscuirse en asuntos de carácter político-electoral. Por fortuna, la sociedad civil, el Colegio de Abogados, los partidos y la prensa independiente repudiaron esa intrusión y terminaron por liquidar el riesgo de que la CSJ fuese un factor determinante de los resultados electorales de 2014.

Ahora, bajo un gobierno en sintonía con la demanda de que se persiga la corrupción y se castigue a los corruptos, tanto la Asamblea como el Ministerio Público, han iniciado procesos por enriquecimiento injustificado contra el exmagistrado Moncada Luna, el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia Jaén. Otros casos se conocerán en 2015 cuando el país tenga un contralor y un procurador comprometidos con sus obligaciones constitucionales y legales. La tarea de condenar a los corruptos y recuperar el patrimonio nacional no será fácil. Su éxito o fracaso depende de la responsabilidad que asuman la Asamblea, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Si alguno falla, entonces habrá que pensar en medidas heroicas.

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