REFLEXIÓN

La estatura del futuro contralor: Vicente A. Caballero Díaz

La Constitución panameña, en sus artículos 279 y siguientes, presenta la figura del funcionario que se denomina contralor general de la República, secundado por un subcontralor, quienes serán nombrados por los diputados, según lo dispone el artículo 161 de la Carta Magna. Igual que los nombramientos del Defensor del Pueblo, y de un magistrado del Tribunal Electoral y su suplente.

La posición de contralor general de la República, a mi juicio, es trascendental y solo está por debajo en importancia al cargo de Presidente de la Nación. La Constitución, en su artículo 280, le otorga 13 funciones capitales, relacionadas con el manejo de las cuentas nacionales y la cacareada fiscalización de los fondos y otros bienes públicos.

Visto así, esto obliga a todos los panameños –estudiantes, profesionales y ciudadanos comunes– a adentrarse en el tema, debido a la histórica decisión que tienen por delante los llamados “padres de la patria” de nombrar al futuro contralor o contralora. Es obligante que los panameños nos formemos una idea de cómo debe ser el funcionario que ha de adecentar las mancilladas arcas nacionales. Se requiere un contralor con independencia. Es decir, con libertad, autonomía, entereza y firmeza de carácter, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Una figura cuyas actuaciones se enmarquen en la probidad, rectitud de ánimo, integridad y honradez. Que goce de entera credibilidad, característica social muy deteriorada en los últimos años al punto de que ha hecho crisis en los diferentes estamentos de la cosa pública.

No se trata de encontrar a alguien químicamente intachable, pero como hablamos de quien se hará cargo de los recursos de todos los panameños, debe inclinarse por servirle al país, con vehemencia, sin aquellos intereses bastardos que subyacen o puedan resurgir en cualquier instancia política.

El futuro contralor debe actuar con previsión, precognición, prudencia y reflexión. Un funcionario con visión y formación administrativa, capaz de poner orden en la institución a su cargo y en todas las dependencias, cumpliendo con las funciones que le señala la Constitución Nacional.

Ese funcionario, con estas y muchas otras cualidades, no debe estar contaminado con la política criolla ni con los intereses de partidos o grupos que puedan distorsionar el papel protagónico de la Asamblea en esta encrucijada nacional cuando la crisis de los valores humanos muestra un avanzando estado de descomposición y el pueblo no soporta más. Frente a este oscuro horizonte, es necesario hacer un llamado a la prudencia y a la sensatez.

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