PREOCUPACIÓN CIUDADANA

Los fantasmas de la reelección y la remilitarización: Jonattan G. Del Rosario A.

Desde hace algún tiempo, escucho un acalorado debate de ideas en los medios sobre los fantasmas de la reelección presidencial y la remilitarización del país, temas de mucha preocupación para quienes respetamos la Constitución y valoramos nuestra democracia.

Todo esto porque diputados y voceros del partido del gobierno insisten en señalar que el Presidente de la República es su mejor candidato para 2014. Ellos afirman que hay mecanismos que permiten su reelección inmediata, a pesar de que el artículo 192 de la Constitución lo prohíbe expresamente.

Adicionalmente, algunas de las principales encuestadoras del país actuando irresponsablemente insisten en incluir al Presidente de la República en la medición de intención del voto presidencial para 2014. No sabemos si lo hacen con la intención de confundir al electorado o de alentar una candidatura a la Presidencia que a todas luces resulta inconstitucional.

Los frecuentes aumentos salariales para la fuerza pública y la asignación presupuestaria de más de mil 500 millones de dólares en tres años al Ministerio de Seguridad, destinados a la compra de tecnología, entrenamiento y armamento –que no han tenido impacto significativo en la disminución de las estadísticas criminales en el país– también es motivo de preocupación para quienes recuerdan lo que es vivir y crecer con miedo, bajo la represión de una dictadura militar.

El respeto al orden constitucional y la alternabilidad en el poder político son esenciales para cualquier sistema democrático y se sustentan en el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de postularse a un cargo y votar en elecciones periódicas y auténticas que garanticen su libre expresión. Este derecho político fundamental, reconocido en el Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Art. 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también conlleva el derecho ciudadano de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de nuestro país.

De 1968 a 1989, Panamá vivió una dictadura militar en la que quienes ostentaban el poder político cambiaban e interpretaban la Constitución a su conveniencia, ponían y quitaban presidentes y utilizaban el aparato estatal para violar los derechos humanos (civiles y políticos), perseguir a sus opositores y silenciar la voluntad del pueblo.

Como resultado de la ruptura de nuestro orden constitucional y de la falta de alternabilidad del poder político, durante este oscuro período de nuestra historia más de 100 personas resultaron víctimas de desaparición forzosa, miles fueron reprimidas brutalmente por los estamentos de seguridad y el país sufrió una intervención armada de Estados Unidos para poner fin al régimen dictatorial de Manuel A. Noriega, luego de que se rehusara a entregar el poder político al gobierno democráticamente electo, en mayo de 1989.

Tras haber transcurrido 23 años de la redemocratización de Panamá, lamentablemente, el total de personas que murieron durante la intervención militar es indeterminado y la historia de la dictadura militar no ha sido escrita. Por esto, los hechos ocurridos durante ese período no se enseñan en las escuelas y son muy pocos los jóvenes menores de 30 años que tienen noción de lo que nuestro país sufrió en aquella época y del gran valor que tiene nuestra democracia.

Siento tristeza al ver automóviles de jóvenes con calcomanías del dictador Noriega, como si esto fuera una gracia y me causa aún mayor frustración, ver a muchos panameños indiferentes ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad contra los civiles opuestos a la venta de terrenos en la Zona Libre.

Lo anterior, sumado a la declaratoria de un “toque de queda” en Colón, en flagrante violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que la exhibición de tropas y armamento bélico del que los estamentos de seguridad hicieron alarde durante los desfiles patrios, evidencian que tenemos mucho por hacer para mantener y fortalecer la democracia en Panamá.

Independientemente de mi análisis, me alienta saber que tanto los resultados del referéndum de 1998 sobre el tema de la reelección presidencial, como el fallido intento de revivir la Sala V de la Corte Suprema, presumiblemente con la intención de propiciar una interpretación antojadiza de la Constitución que permitiera la reelección presidencial, han demostrado que el pueblo panameño rechaza vehementemente la idea de que un gobernante busque mantenerse o perpetuarse en el poder más allá de su período constitucional.

Espero que todos aquellos que están a favor de la reelección presidencial o de la remilitarización “de facto” del país, tengan en cuenta nuestra historia pasada y reciente, a fin de evitar más enfrentamientos innecesarios que amenacen nuestros derechos humanos fundamentales y pongan en peligro nuestro sistema democrático.

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