CREDIBILIDAD

¿Cómo financiaremos las promesas de campaña?: Francisco Díaz Montilla

Es poco probable que los electores crean todo lo que dicen los políticos. Pero es también improbable que no crean nada de lo que dicen. Si nos atenemos a los resultados de las encuestas, que con cierta frecuencia salen a la luz pública, nos percataremos de que las expectativas que generan los discursos de campañas son disímiles. Hay candidatos que producen más confianza que los demás en asuntos como seguridad o educación, pero menor en crecimiento económico, canasta básica o fortalecimiento institucional.

¿Qué sucede cuando el elector cree, efectivamente, que el político no miente? Sobre la falacia en política, decía Baltasar Garzón (Entrevista Garzón: el último boy scout, El País, 25/7/1993): “Lo único que la gente no perdona es la mentira; perdona los errores si se le explican... Nunca hay que mentir, aunque cueste; y si eso es ser un ingenuo en política, voy a seguir siéndolo”. Bajo el supuesto de que se trate de genuinas promesas, ¿qué sentido se ha de dar, entonces, a lo que prometen los actuales candidatos con respecto a becas universitarias, viviendas dignas, beneficios para ninis, entre otras surrealistas ocurrencias de campaña?

Hasta ahora las fuentes de financiamiento de las que se han servido las autoridades han sido básicamente tres: impuestos, deuda y venta de activos estatales. Tal vez recurrir a algunas de esas fuentes esté justificado en ciertos casos; lo que no está claro es si esas prácticas han de justificarse de forma permanente. Yo no lo creo. En cuanto a los impuestos, porque la exigibilidad impositiva del Estado no puede estar sobre la capacidad contributiva de los ciudadanos. En cuanto a la deuda, porque la capacidad de endeudamiento tiene límites. En cuanto a la venta de activos estatales, porque estos son finitos. Además de estas razones, habría otras de tipo ético. No está claro que sea una posición justa esperar mayor productividad y eficiencia del sector privado, mientras en el sector público no se impone orden alguno, no hay efectiva rendición de cuenta, se fomenta el clientelismo, no se controla la planilla estatal y se despilfarran fondos públicos, a diestra y siniestra.

Pareciera que en el discurso de los candidatos a la Presidencia –sobre todo de los que más opciones tienen– hay algo que no termina de cuadrar. El asunto no es prometer, sin más, que se darán becas a los estudiantes universitarios, que se construirán 100 mil nuevas viviendas dignas, que los que ni estudian ni trabajan tendrán 100 dólares mensuales durante seis meses. Se trata de precisar, qué impacto tendrán las becas, las viviendas y el dinero para los ninis, en las finanzas de los contribuyentes, en el actual estado de la deuda pública (interna y externa) y en los bienes estatales: ¿Se incrementarán, acaso, los impuestos? ¿Se introducirán nuevos? ¿Se recurrirá a más deuda para el desarrollo de esos programas? En caso afirmativo, ¿a cuánto ascendería el nivel de endeudamiento al cabo de cinco años? ¿Se venderán activos estatales? En caso afirmativo, ¿cuáles exactamente y en qué precios se estiman dichas ventas?

Si bien es cierto que las promesas son elementos medulares de toda campaña, el aspecto procedimental, que atañe a metodología y recursos, no lo es menos. Sobre esto, los candidatos tienen una gran deuda con el electorado.

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