RECHAZAN DETENCIÓN PREVENTIVA

Al oído de una fiscal ‘mano dura’: Dorindo Dayan Cortez

Ella tiene cuatro hijas menores, una de tan solo tres años. Están solas con su padre el que, por la necesidad de buscar el pan de cada día, poco las atiende. Tampoco puede pagar para que se las cuiden. La madre de las pequeñas está detenida preventivamente. Se le niega una medida cautelar menos trágica, quizás por pobre.

Son largo cuatro meses y sin que hasta la fecha, a pesar de las acciones del representante legal, logre salir de la celda mientras dure el proceso. Acusada por su patrona de hurtar dos diamantes, cuya existencia a la hora de la pérdida no se ha probado. Se me ha dicho que hay inconsistencia en la acusación, pero la doméstica sigue tras las rejas.

Y sus pequeñas, en el peor de los abandono, castigadas por la fiscal de “mano dura”. Esta es la realidad de esta mujer descendiente de la etnia ngäbe-buglé, que desde lejos llega a Colón en la búsqueda de mejor suerte. En otros casos, muy sonados, de millones hurtados al fisco nacional, tienen medidas cautelares no tan dura como la que sufre esa desdichada mujer. La cárcel debe ser la última instancia, sobre todo por el principio de la “presunción de inocencia”. Pero es la doble moral de la justicia, y la de algunos fiscales, lo que lleva a la deplorable verdad de que la justicia tiene doble cara: la que se le aplica a los ricos y la que se impone a los pobres. Justicia para unos, injusticia para otros.

Los denunciados de alto perfil son atendidos por renombradas firmas de abogados. Se hacen también del apoyo familiar y de las expresiones de solidaridad de personajes renombrados y de gremios, y hasta de la Iglesia. En el otro, de aquellos que no tienen amigos o padrinos poderosos y cuyos gastos para la defensa incrementa sus penurias; para estos desvalidos solo la espera en la soledad del calabozo es la alternativa. La injusticia y la insensibilidad del juzgador nos lleva a pensar lo tan inhumano que es la ley cuando de desposeídos se trata.

Mirar el caso de Estéfani Valdespino, de la comunidad de Villa Londra de Colón, nos confirma lo tan falsa que puede ser la justicia. Sabemos que la detención preventiva busca evitar la fuga, la destrucción de prueba o cuando el delito así lo exige. Pero esa no es la situación de esa madre que no tiene la más mínima posibilidad de esconderse en el confort de los millones. Al llegar a su residencia pude sentir la soledad de las adolecentes y la pobreza de su morada. Familia privada de lo mínimo, que ahora hace gastos en la defensa de una posible inocente.

La pregunta: ¿quién restituye el daño moral, sicológico y el financiero, de resultar la enunciada inocente del supuesto hurto? Los diamantes no aparecen. La dueña tiene derecho a que se investigue, pero el acto incriminatorio es tan solo la acusación de la afectada. Así, las horas pasan sin que la puerta de la cárcel se abra, también el silencio de aquel hogar es la bofetada más dura a la justicia.

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