EMERGENCIAS ECONÓMICAS

Sobre el fondo soberano y un fondo de jubilaciones y pensiones: Miguel Ramos

A principios de la década de 1970, el Dr. Arnold Harberger, catedrático de la Universidad de Chicago, fue invitado a Panamá, para que dictara una serie de conferencias magistrales a funcionarios del entonces recién creado Ministerio de Planificación y Política Económica. En una de sus disertaciones, el Dr. Harberger señaló que ante la ausencia en Panamá de un banco central, de una política de divisas y de un prestamista de última instancia, era conveniente que el Estado panameño creara un Fondo Nacional de Estabilización para atender emergencias económicas, ya sea en periodos de desaceleración o recesión económicas o en situaciones de shocks que pudieran afectar al sistema bancario.

Esta recomendación la hizo en función de los problemas de fondeo (falta de fondos) que afectaron el sistema bancario panameño por los efectos económicos de los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. La fuente de financiamiento de este fondo provendría de los excedentes generados por el Canal de Panamá una vez este bien fuera revertido a la economía panameña.

Posterior a esa fecha, varios países y territorios establecieron fondos parecidos o similares. Este fue el caso del estado de Alaska que estableció uno con los excedentes que tuvo en ese entonces de las ventas de petróleo. Noruega, país petrolero, estableció un fondo similar. Libia, también país petrolero, fundó un fideicomiso con los excedentes de sus ventas petroleras y, recientemente, así lo han hecho China y países árabes con grandes excedentes comerciales.

La idea propuesta por Harberger hace 40 años fue revivida por el Fondo Monetario Internacional, así como por las empresas calificadoras y ofrecida al Gobierno de Panamá como un mecanismo para mantener el grado de inversión que recientemente ha alcanzado el país, que en este momento registra un ciclo expansivo de la economía.

Este fondo obligaría al Estado a ahorrar y acumular reservas durante los ciclos expansivos de la economía y permitiría su utilización en tiempos de contracción o de crisis nacional. De esta manera se estabilizan las finanzas públicas y se le dan más garantías de repago a los tenedores de bonos soberanos, lo que debe traer como consecuencia una mejora en la calificación de riesgo.

Se estima que anualmente el aporte del Canal de Panamá al fondo puede llegar a ser 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, arriba de $900 millones en el año 2015, ya que el PIB ese año se estima en $44.682 millones.

En nuestra opinión, la idea del fondo soberano parece ser positiva o, por lo menos, debe ser estudiada. Pero dicho fondo no debe servir únicamente para garantizar el pago de obligaciones a los acreedores externos e internos de bonos. Los excedentes de la renta del Canal también deben servir para atender necesidades urgentes de la población.

Con la renta canalera se debería crear un fondo de jubilaciones y pensiones no solo para cubrir el déficit actuarial de la Caja de Seguro Social, sino para poder cubrir los necesarios e inevitables incrementos de jubilaciones y pensiones. Desde hace varios años los jubilados y pensionados provocan cierre de calles para exigir al gobierno de turno ajustes en sus jubilaciones y pensiones. Con esta reserva se evitaría este escenario triste y bochornoso.

En Chile, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) se constituyó el 28 de diciembre de 2006, con un aporte inicial de $604.5 millones. Su creación responde al nuevo escenario demográfico caracterizado por una mayor esperanza de vida y un aumento de la población de la tercera edad, lo que implica un desafío para el Estado por cuanto se proyectan mayores costos previsionales futuros, sumado a la necesidad de garantizar pensiones básicas solidarias a quienes no han logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación.

Conforme a la ley de Responsabilidad Fiscal, el FRP se incrementa cada año en un monto mínimo equivalente al 0.2% del PIB del año anterior. Si el superávit fiscal efectivo es superior a 0.2% del PIB, el FRP recibe un aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0.5% del PIB.

Con este fondo no solo se cubrirían los incrementos de jubilaciones y pensiones sino que programas como 100 a los 70 podrían ser ampliados hasta garantizar las pensiones de los que no han podido acumular suficiente cotizaciones en la Caja de Seguro Social para poder retirarse.

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