USO DEL DINERO DEL CANAL

Un fondo para el soberano: Domingo M. González

De antemano debo señalar lo asombroso que es generalizar el término “Canal de Panamá”, sin precisar ni puntualizar lo enunciado en el anexo A, al que hace referencia el numeral 2 del artículo III del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento, que se expresa así: “El término ´Canal´ usado en todo el texto del tratado, incluye, el Canal de Panamá existente, sus entradas y los mares territoriales de la República de Panamá adyacentes a él, y cualquier vía interoceánica que pueda ser manejada total o parcialmente dentro del territorio de la República de Panamá, sus entradas y los mares territoriales adyacentes a la misma, en cuya construcción o funcionamiento participen o hubieran participado los Estados Unidos de América”.

Concluida la cita, podemos resaltar la responsable labor administrativa que sobre el Canal, del anexo A, ha ejercido la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), desde el año 2000 hasta septiembre de 2011, encaminada por el estricto cumplimiento del artículo III del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento, la reserva 4 del instrumento de ratificación de los Tratados Carter-Torrijos y la Ley Orgánica de la institución.

Los informes financieros auditados, del bien recibido en administración, reflejan en los “Estados de Resultados” acumulados en el período citado, la labor cumplida por la ACP, destacando los aportes enviados al Tesoro Nacional, por la suma de $6 mil 576 millones; correspondiendo $2 mil 957 millones a toneladas netas; $180 millones a tasa por servicios públicos y $3 mil 439 millones como excedentes.

Oportuno es revelar que la operación del Canal, en lo concerniente al anexo A, en el referido período, produjo una utilidad neta de $7.2 mil millones, y su distribución, en acatamiento con la reserva 4, reglamentada por el Art. 41 de la Ley Orgánica, por incumbencia, correspondió a $3.8 mil millones (52%) al Canal, y los restantes $3.4 mil millones (48%) como “excedentes” le tocaron al Estado de Panamá; contingencia menoscabadora, surgida por la proyectada mezquindad norteamericana, al contravenir el derecho que le confería el numeral 3, del Art. XII del Tratado del Canal, para construir el tercer juego de esclusas.

Estos resultados operativos del Canal hacen que el 2% de la población pensante de la nación se pregunte: ¿Cómo utilizaron los gobiernos de turno esos “6 mil millones de dólares” que recibieron de la ACP en 12 años? ¿Servirán los futuros aportes del Canal, engrosando los ingresos presupuestarios para inversiones internacionales dudosas?

Los aportes del Canal no deben ser admitidos, exclusivamente, como ingresos para balancear el presupuesto del Estado. La educación, la salud y la alimentación de la población, como “necesidades básicas”, constitucionalmente deben primar en la gestión de todo gobierno. Lamentablemente, la indiferencia, corrupción y miseria moral que acarrea el patente “juega vivo, en el 98% de la nación, los subordina a “dádivas” de los complacientes gobiernos de turno, en vez de exigir con pundonor sus derechos constitucionales; actitud embrutecedora, que tienen en contra, las obras de las iglesias, hogares y escuelas.

El endeudamiento e imposiciones fiscales para obras de infraestructuras, solo acarrean grandes beneficios a las empresas transnacionales y a los mercaderes internos. ¿Qué provecho saca la población –que no es snob– con tener un Metro, una cinta costera o el aeropuerto más bonito de Centroamérica? Por ello, asignar los futuros aportes del Canal a la constitución de un “fondo para el soberano”, que garantice a la población, mejores servicios de salud, educación y seguridad alimentaria, es exigible.

El cumplimiento de los “deberes constitucionales” del Estado, expresados en los capítulos: 5 y 6 del Título III Deberes y Derechos Individuales y Sociales, así como los capítulos: V del Título III, y I del Título V y concordantes de la Ley 47, Orgánica de Educación, constituyen la base legal que justificaría su uso. ¿Usted qué opina?

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