REFLEXIÓN

El freno a la justicia penal: Raúl E. Olmos E.

Mientras la justicia penal sigue condenada al oscurantismo, hoy vemos cómo se produce un derroche en los fondos de los panameños, a través de campañas de donación sin ningún tipo de control. La posposición del sistema acusatorio responde a una posición definida por los actuales inquilinos del Ejecutivo, en el sentido de que los temas judiciales no son de trascendencia y, por eso, pueden seguir recibiendo el tratamiento carenciado que se les ha dado en los últimos años.

Esa es la suerte que se esperaba en cuanto al tema del sistema penal acusatorio que, en esencia, da una respuesta judicial más efectiva y oportuna al usuario, reduciendo los tiempos y con la posibilidad de que el conflicto generado por el delito sea revisado y atendido de manera más expedita. Por esa razón, la Ley 63 apostó mucho por el tema de la oralidad.

Las afirmaciones de que genera más impunidad y que es un sistema para los criminales, es desafortunada; si analizamos las estadísticas en las cuatro provincias en donde funciona este sistema actualmente, con respecto a los tres años anteriores de entrada en vigencia de la ley, se notará que la criminalidad es la misma, lo que indica que el sistema inquisitivo no resolvió el problema. Por otro lado, la capacidad de respuesta en días fue en el triple con respecto a los casos atendidos actualmente en dichos distritos judiciales.

El tópico de la criminalidad es un asunto que se atiende dentro de una política coherente, sostenida, con acciones sistemáticas y que se controla por vía de los mecanismos de prevención a cargo de los organismos de seguridad asignados por la ley; el tema es que si sus encargados aceptan que el tratamiento del delito sea de forma tal que el usuario del sistema pueda tener mayores espacios de discusión, a tono con la Constitución y la ley, sus actos denotan que el estado de derecho es una molestia en lugar de ser una garantía.

El derroche sin control y las muestras de solvencia que se aprecian en otras instituciones estatales, colocan a la justicia penal como la indigente del sector público. Bajo ese tamiz, era de esperarse que los recursos negados al sistema penal acusatorio lo fueran a llevar a su anticipada condición de estado de coma. Sin duda, este gobierno no cesará los esfuerzos para derogar el sistema, que en otros países se sostiene con solvencia y firmeza gracias a la vocación democrática de sus líderes. Ojalá la justicia penal reciba de sus gobernantes la generosidad que hoy disfrutan algunos integrantes de la Asamblea Nacional, pues el avance institucional de los despachos de justicia en este momento viene de la mano de donaciones, lo cual es debatible, por la condición y naturaleza que tiene el Órgano Judicial, como ente que dirime los conflictos.

Es una pena que instituciones tan trascendentales admitan limosnas que le puedan dar otros sectores activos de la sociedad. Este es un tópico que hay que corregir con urgencia antes de que sea demasiado tarde.

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