REFORMA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

El derecho al buen gobierno: Víctor Leonel Benavides Pinilla

El 30 de abril de 1943, bajo el influjo de distinguidos juristas como el Dr. José Dolores Moscote, entró en vigencia en nuestro país la ley que dio vida a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, desde entonces, se constituyó en un valor esencial para la justicia administrativa y en una pieza central de nuestro estado de derecho, al instaurar el control de la legalidad de las actividades administrativas y sentar las bases para la protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, frente a las extralimitaciones del poder público.

Si bien, la ley orgánica ha tenido entre sus virtudes la conformación de una jurisdicción que, pese a sus limitaciones, ha podido responder a los cambios sufridos por la sociedad panameña, hoy afronta una serie de desafíos que son producto de los cambios políticos y socioeconómicos que atraviesa nuestro país en el marco de una sociedad más plural y globalizada y una economía en crecimiento.

El afianzamiento del régimen democrático y la garantía efectiva de los derechos ciudadanos frente a la administración pasa, inevitablemente, por la renovación del régimen contencioso administrativo. Su actualización deriva de las nuevas exigencias que aparejan a esta jurisdicción, a saber: el incremento de la litigiosidad, la aplicación de los principios de celeridad y debido proceso que imposibilita recurrir a una segunda instancia con el fin de enmendar el error judicial.

Esta única instancia recurrible constituye uno de los retos más importantes de dicha jurisdicción. Hoy, tras 70 años de su creación, resulta oportuno insistir en la necesidad de su reforma, no sin antes reconocer los avances introducidos mediante la jurisprudencia de la Sala Tercera, como: el reconocimiento de la tutela cautelar en materia de contratos administrativos, el principio de buena fe, la legitimación de la defensa de los derechos difusos, la no aplicación de reglamentos en conflicto con la ley y el principio de inactividad del Estado, y los cambios legislativos que derivan de la Ley 19/1991 que estableció el Proceso Contencioso de Protección de Derechos Humanos, la Ley 38/2000 sobre el Procedimiento Administrativo General y la Ley 22/2007, reguladora de la Contratación Pública, entre otras.

La reforma sugerida, por tanto, debe encaminarse dentro de un proceso que dé continuidad a los avances normativos y jurisprudenciales advertidos, pero basada en una profunda renovación de la normativa que regula el proceso contencioso administrativo y la estructura organizacional y competencial de la misma.

La necesaria reforma de esta jurisdicción requiere diferenciar con claridad la naturaleza y alcance de la acción de plena jurisdicción y de nulidad, a fin de evitar la confusión en su instauración contra actos mixtos, y la redefinición de acciones que ayuden a preservar el derecho de acceso a la justicia (la acción de reparación y las variantes que emergen de los numerales 8, 9 y 10 del Código Judicial). Igualmente, deben crearse tribunales y juzgados contencioso administrativos que permitan el descongestionamiento de la jurisdicción a fin de que la Sala Tercera se constituya en Tribunal de Casación; la ampliación de las medidas cautelares; el endurecimiento de las medidas de ejecución de sentencias sobre responsabilidad patrimonial; atenuar la carga de la prueba del silencio administrativo; y la contemplación de principios rectores que se encarguen de informar toda la actuación administrativa y sirvan de referentes legales y éticos para la delimitación objetiva del poder público y, especialmente, del ejercicio de la potestad discrecional, como lo determina el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.

La reforma que propongo es necesaria para el fortalecimiento y la conformación de procesos simples, rápidos y eficientes que aseguren la relación administrado-administración; así como la garantía del ejercicio de un poder público basado en la máxima de un buen gobierno, que respete los principios de justicia, confidencialidad, transparencia, accesibilidad, responsabilidad y respeto de los derechos fundamentales; ya que, como señala el Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, “el buen gobierno, la buena administración, es una obligación de los responsables públicos y, sobre todo, un derecho fundamental de los ciudadanos”.

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