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RECTIFICAR EL RUMBO

Un gobierno para el olvido: Julio E. Linares Franco

Si tenemos que calificar al gobierno de Ricardo Martinelli, nos vienen a la mente las palabras corrupción, impunidad, clientelismo, provecho, enriquecimiento ilícito, sobrecostos, demagogia, chabacanería, amiguismo y mentiras. Y es que, aunque las comparaciones son odiosas, si tenemos que escoger el peor gobierno desde la invasión de 1989, el de Martinelli sería el ganador.

No nos dejemos influenciar o engañar por las megaobras, todas muy necesarias, como aquellos ingenuos que decidieron votar por la “generación del cambio” con la absurda y limitada excusa de que todos los gobiernos roban y, como este hizo, había que mantenerlo en el poder.

Se cometió, en primera instancia, la irresponsabilidad de duplicar en cinco años esa deuda pública acumulada en 106. Inconcebible. Además del acto irresponsable de construir obras como una cinta costera “3” a un costo de 800 millones de dólares, cuando tenemos un grave problema en los servicios de agua, energía y basura (sin mencionar salud, educación y vivienda). El principio de priorizar quedó totalmente desvirtuado. Se despilfarró, en los dos últimos años, más de 70 millones de dólares a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y de las juntas comunales para que los diputados de gobierno pudieran reelegirse y sus candidatos, obtener una curul.

Intentaron apropiarse de tierras costeras en Punta Paitilla y Juan Hombrón (esta última todavía en disputa). Se expidieron leyes que violan la Constitución para permitir que rellenos al mar, de naturaleza inadjudicable, fuesen otorgados a los allegados de palacio.

Se beneficiaron ministros de Estado con inusuales e ilegales contrataciones directas de carácter “retroactivo”, porque los bienes objeto de la contratación no les pertenecían cuando llegaron al gobierno.

Se le otorgó asilo político a una acusada por delitos comunes en Colombia, con un decreto basado en normas derogadas y, recientemente, declarado inconstitucional.

Se han comprometido o pagado casi 300 millones de dólares en radares, helicópteros y cuanto aparato de seguridad exista, sin conocer ni los detalles de la transacción ni los beneficios de semejante gasto. De hecho, todavía continúa el tráfico de drogas, los asesinatos, las bandas y una inseguridad rampante que asfixia al panameño.

Con los millones de dólares autorizados desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se compraron diputados que terminaron saltando de sus partidos originarios al partido de gobierno. Esos mismos diputados de quienes el presidente Martinelli dijo tener el dossier y el pedigrí. Existen evidencias de que desde los centros de llamadas de Cambio Democrático se elaboraron las campañas sucias contra las familias de los candidatos de oposición.

Se utilizaron las sesiones extraordinarias para incluir el cambio de normas jurídicas que nunca fueron objeto de aprobación ni de consulta en el Órgano Ejecutivo. Requisito constitucional violado, de forma flagrante, y del que no se ha responsabilizado a nadie.

Se utilizaron, en forma descarada, recursos del Estado a través de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), en el alquiler de helicópteros para espiar las residencias de los candidatos de oposición.

Con la influencia de servidores públicos de alto perfil, se trastocaron los procedimientos administrativos por parte de quienes no cumplían los requisitos para ser candidatos a puestos de elección, por tener cargos con mando y jurisdicción nacional.

Desde la Caja de Seguro Social se hace culto a la sumisión, con el nombre otorgado a la futura “Ciudad Hospitalaria”. Por primera vez en la era democrática, se estancó la transparencia electoral, cuando un gobierno con su mayoría parlamentaria desatendió importantes reformas electorales como la limitación de tiempo y dinero en las campañas políticas y la publicación obligatoria de las donaciones privadas.

Hubo muchas cosas buenas. Lamentablemente, la balanza inclina a lo negativo con creces. Y el ejemplo dado por nuestros gobernantes estos últimos cinco años a las presentes y futuras generaciones de panameños, con solamente escucharles una palabra o leerles un tuit, trastoca los principios más básicos de la decencia, la honradez y la moral. ¡Triste desenlace y triste final!

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