IRREGULARIDADES

La guillotina del Tribunal Electoral: Domingo Espinosa G.

Con la restauración de la “democracia” en 1990, el Tribunal Electoral (TE) se irguió como la institución insignia del Estado panameño, prestigio ganado por su transparencia en el manejo de los asuntos electorales; así lo reconoce la ciudadanía y muchos países del mundo. Sin embargo, la elección celebrada en 2014 dejó un mal sabor entre los votantes. Veamos algunos puntos.

El camino tortuoso empezó cuando el gobierno anterior no aprobó los cambios consensuados en la Comisión de Reformas Electorales y, más bien, intentó introducir modificaciones al Código Electoral extrañas a la cultura e idiosincrasia política del panameño. Por ejemplo, trató de meter la segunda vuelta electoral y la reelección presidencial inmediata, pero se tropezó con un obstáculo, pues la Constitución Política no permite tales cambios. En su lugar, aprobó la eliminación del voto plancha, entre otras cosas.

Estas escaramuzas del gobierno generaron inestabilidad política en la organización electoral. Una de las que creó mayor polémica fue el impedimento de que algunos candidatos participaran en nuevas elecciones convocadas en los circuitos en que hubo impugnaciones. La Constitución Política establece en sus artículos 19 y 20 que no debe haber discriminación por ideas políticas, y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Máxime aquellos que no habían sido impugnados, mientras a los que sí lo fueron se les permite volver a participar. Toda esta situación se agravó por la inoperancia de la Fiscalía General Electoral, que debe dar cuenta de ese proceder negligente o delictivo.

Por otra parte, el TE anuló las proclamaciones de algunos diputados y alcaldes, debido al uso de recursos públicos, pero resulta que el mismo elector votó para presidente, diputado, alcalde, y representante de corregimiento. No puede ser que los votos sean válidos para los todos los cargos de elección, menos para el de diputado o alcalde, según sea la impugnación. En todo caso, habría que anular la elección en general, porque se utilizaron los fondos públicos en todo el circuito, de manera que hay algo que no cuadra. Me imagino que temían que, al anular toda la elección en los circuitos con irregularidades, se pudiera ver afectado el resultado de la elección del Presidente.

Con los fallos de los magistrados electorales se agota la vía gobernativa. Deben ser muy cuidadosos, porque podrían ser objeto de demandas internacionales por la presunta violación a la ley. Otra situación que dejó dudas fue el salvamento del voto de un magistrado, cuya explicación se sustenta en que los recursos del Estado no se usaron el día de las elecciones, desconociendo todas las fechas que incluye el proceso electoral. Un proceder que raya con la ignorancia inexcusable. Los magistrados están ahí para cumplir con la ley y hacer respetar la voluntad popular, no para hacerles favorcitos a quien los nombró.

Un acto deplorable fue también la agresión que sufrió el jefe de los delegados electorales, a manos de activistas políticos de ambos partidos. Esto demuestra la poca tolerancia y el irrespeto por las ideas ajenas. Es menester que el TE deje sentada una posición firme en cuanto a ese hecho, que mancha la fiesta de la democracia panameña.

Exhorto a los tres órganos del Gobierno (Legistativo, Ejecutivo y Judicial) para que piensen en nombrar a magistrados probos, con entereza en sus decisiones, pero respetuosos de las leyes. Y cuyo período no se extienda más allá de los 10 años.

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