HACER JUSTICIA

El hallazgo de cheques públicos y su vocación probatoria: Giovanni Olmos

Tras la asunción del nuevo gobierno al control del Estado panameño traslucen noticias relacionadas al hallazgo de cheques emitidos a favor de las juntas comunales, con el objetivo de apoyar las campañas políticas de diferentes candidatos a puestos de elección popular.

Tal hallazgo deben ser examinado con mucha atención, a efectos de preservar su vocación probatoria y exigir responsabilidades a quienes correspondan, sin distinción del partido político que se encuentre vinculado a esos actos. Siento que no debe ser la clase política la que califique si esas actuaciones tienen justificación alguna, en un Estado de derecho real son las autoridades judiciales –llámase jueces electorales y de la justicia ordinaria– las que deben pronunciarse con firmeza, en caso de que esos fondos tuviesen un manejo impropio, relajado, flexible y poco fiscalizado. Al parecer, su uso dista del procedimiento restrictivo que la ley dispone. En tal caso, las pruebas documentales ya recabadas y las que falten por acopiar, de forma oportuna y diligente, son el instrumento idóneo y legítimo que acredita los hechos o argumentos dentro de un proceso y logran la convicción judicial.

Dicho esto, según los principios que regulan la actividad probatoria de todo proceso, a saber de “comunidad probatoria”, “legitimidad” e “interés público de la función de la prueba”, se debe actuar con rigor en su recepción, y permitir que las otras instancias judiciales actúen de oficio, si ello es posible.

Aunque el carácter y la fortaleza de tales evidencias debe ser valorado a la luz de la sana crítica, el sistema procesal panameño permite que ante la bondad y su fuerza probatoria, por ejemplo, el hallazgo de cheques que pueden acreditar irregularidades, de inmediato debe abrirse una investigación seria, responsable y orientada a acreditar la comisión de delito contra la administración pública.

La praxis judicial e instrucción enseñan que mucho antes de que el delincuente cometa un delito, conoce las consecuencias de sus actos, la conducta o acción y la pena. Por ello planifica y configura bien su coartada o estrategia, con la idea de quedar impune. Y créanme que se trata de una labor meditada y bien planificada. De forma que hay que actuar con los protocolos de investigación, según sea el delito, con celo procesal, diligencia y de manera oportuna.

Lo anterior no impide que la jurisdicción electoral determine los extremos que indiquen algún delito o falta en su materia de competencia, con base a la honradez del sufragio, por una parte, y al destino de los fondos públicos manejados de forma irregular. Por ello, tanto la Contraloría como el Ministerio Público tienen una función valiosa e importante que destacar.

Estamos en un momento crucial que impone actuaciones valientes y afines al Estado de derecho, mediante investigaciones científicas y adecuadas. Todos los panameños(as) merecemos respuestas judiciales oportunas, dotadas de la efectividad y el altruismo patriótico que las circunstancias y los tiempos exigen.

Que la pasividad no sea el reflejo convidado de la impunidad, sino que responda al deseo inquebrantable y decidido de descubrir la verdad material, con todos los medios idóneos de que se disponen, para culminar una investigación.

El funcionario debe cumplir la ley en los tiempos que dispone la verdad procesal, en función a las probanzas que in situ determinan su forma y vía de abordaje. Todo funcionario que tenga conocimiento de alguna acción que constituya delito, debe ponerlo en conocimiento inmediato, a la luz del artículo 2025 del Código Judicial.

En esa correlación de actos de honestidad, transparencia y verticalidad, al funcionario de instrucción, por su parte, le corresponde de inmediato aplicar las medidas y diligencias probatorias oportunas que las exigencias procesales así determinen.

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