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La honda huella del fiscal: Eduardo Ulibarri

El viernes 15 de este mes, 11 días después de cumplir 60 años, y dos semanas antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) llegue a los 10, su primer fiscal general, Luis Moreno Ocampo, dejó el cargo que ocupaba desde el 16 de junio de 2003.

Lo sucede Fatou Bensouda, su adjunta desde agosto de 2004, quien a esa invaluable experiencia añade tres años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además de una intensa práctica pública y privada en su país, Gambia, donde fue procuradora general y ministra de Justicia.

El desempeño de Moreno Ocampo en la Fiscalía de la CPI no estuvo ayuno de polémicas. Recursos insuficientes, problemas reales, fricciones personales, críticas a veces fundadas y ataques malintencionados se interpusieron a menudo en su camino. Pero frente a esos flancos se elevan aportes de una trascendencia que, sin exagerar, puede considerarse histórica. Fue él quien, de manera más individual, eficaz, visible y tesonera, armó el andamiaje y afiló los dientes persecutorios del primer tribunal penal permanente destinado a juzgar crímenes contra la humanidad. Sin él, difícilmente sería el instrumento jurídico clave en que se ha convertido tras solo una década de trabajo.

Destacar su activa y profunda huella individual en la CPI y en la lucha contra la impunidad internacional no implica desconocer o disminuir la importancia clave de otros actores: los jueces, contralores finales de la fiscalía y responsables directos de la justicia; la estructura administrativa, creadora de las condiciones para el trabajo, y la Asamblea de Estados partes, órgano de gobierno y dirección política.

Además, todas esas instancias, más el alcance, diseño y funcionamiento de la Corte, se asientan en un depurado instrumento jurídico: el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002.

Es decir, la CPI nunca ha sido, y nunca será, producto de individualidades. Su naturaleza, legitimidad, trascendencia y permanencia son institucionales. Y aunque está lejos de la universalidad, ya cuenta con la adhesión de 121 países.

Pero en estos 10 años iniciales de la CPI, la fuerza creativa y definitoria de Moreno Ocampo ha sido particularmente importante, tanto por la naturaleza de su cargo como por sus condiciones profesionales, experiencia vital, características personales e intenso liderazgo. A su haber deja 28 personas formalmente acusadas por crímenes contra la humanidad; 19 órdenes de arresto internacional (incluida la del presidente sudanés Omar al-Bashir); cinco indiciados bajo custodia; siete situaciones bajo investigación, en la República Centroafricana, República Democrática del Congo (DRC), Senegal, Kenia, Costa de Marfil, Uganda y Libia, y la primera condena de la Corte: la del tenebroso “señor de la guerra” congolés Thomas Lubanga por el reclutamiento forzado de niños y niñas en la DRC.

Algunos enemigos aducen que de la mano de Moreno Ocampo la Fiscalía ha “discriminado” en contra de África, de donde, por ahora, proceden todos los casos. Más bien es lo contrario: su acción ha logrado perseguir a los responsables y favorecer a las víctimas de los peores crímenes que han conocido África y la humanidad desde el establecimiento de la Corte. “Si hubiera comenzado en la década de 1970, la mayoría de los casos procederían de América Latina”, me dijo una vez el fiscal. Tiene razón, y seguramente se lo habríamos agradecido los latinoamericanos, como lo hacen hoy los africanos defensores de los derechos humanos.

Otros le critican su intensidad, severidad, perseverancia y fulminante dialéctica. Pero estas son precisamente características consustanciales a muchos buenos fiscales, no importa su jurisdicción. Y frente a las denuncias de arbitrariedad en el manejo del personal, e incluso una denuncia de acoso no resuelta, la respuesta es que deben considerarse en el marco de su aporte general; sin excusas, pero también sin morbo destructivo.

Es evidente que, para Moreno Ocampo, su trabajo en la Corte, además de una seria responsabilidad profesional, constituyó una clara opción ética, y marcó la continuidad de su trabajo previo en Argentina.

Entre 1985 y 1987 fue fiscal asistente en el llamado “juicio a las Juntas”, el primero desde los de Nuremberg en que altos jefes militares debieron rendir cuentas por asesinatos masivos. Luego, por cinco años y como fiscal federal de distrito en Buenos Aires, procesó a jefes militares responsables de la guerra de las Malvinas, los líderes de dos rebeliones castrenses y varios casos de corrupción.

Con esa “escuela” abrió la Fiscalía de la CPI en 2003. Con ella, más depurada y curtida, desarrolló y concluyó su mandato.

La profunda huella de esos años queda como referente activo y sólido acicate en la tarea interminable de perseguir, procesar y condenar a los autores de los peores crímenes contra la humanidad. Queda como un aporte a la civilización.

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