hoyporhoy_2011-10-17

A merced de filosofías, circunstancias e intereses variados y variantes, las leyes que norman la titulación de las tierras del Estado han ido reformándose, una administración tras otra, un escándalo tras otro. La más reciente, la que creó Anati, eliminó controles y dio a la nueva institución –y de paso a los funcionarios a cargo– un grado de poder y de discrecionalidad que, como previeron sus críticos, no tardaría en ser aprovechado por los corruptos de turno. Para muestras, el relleno de Punta Paitilla. O el paradisiaco litoral de Juan Hombrón, adjudicado por medio de una compleja trama jurídica que terminó por despojar al Estado, y de paso a los campesinos y pescadores de la comunidad, de 54 hectáreas con frente de mar, que fueron adjudicadas -¡a título gratuito!- a 12 sociedades literalmente anónimas. En este, al igual que en el caso de Paitilla, la directora de Titulación fue imperdonablemente laxa en los controles y extraordinariamente veloz en los trámites, lo que permitió que, en cuestión de meses, los reclamantes se encontraran ante la transacción, el negociado, o tal vez la tormenta perfecta.

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