hoyporhoy_2013-01-24

Con sus decisiones, la Corte Suprema de Justicia nos confirma una vez más la existencia de un pacto de no agresión entre los miembros de este organismo y los de la Asamblea Nacional, lo que hace que ese precepto constitucional de juzgamiento recíproco sea un chiste de mal gusto, en un país en el que de manera peligrosa y triste crece la idea de que la cárcel está reservada para quien no tiene poder o dinero.

Recientemente, un ciudadano decidió hacer lo que corresponde y, apoyado por notas periodísticas, presentó una querella contra el actual presidente de la Asamblea Nacional por repartir a sus electores jamones comprados con fondos públicos.

Igual que la Contraloría, no quiso la Corte Suprema meterse en ese lío y, para no hacer justicia, se escudó en tecnicismos legales ridículos como que el querellante no aportó una dirección. Son cachetadas y lecciones corrosivas que nos explican por qué en Panamá no hay un diputado o un magistrado corrupto tras los barrotes.

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