hoyporhoy_2013-05-06

Los casos de flagrantes conflictos de interés y de actuaciones en las que queda claro el beneficio de quienes ejercen función pública o de sus allegados son nota socorrida en esta administración.

 Con solo investigar un poco se puede constatar que en temas de carácter público como licitaciones, contrataciones de personal, aprobación de leyes y administración de justicia hay múltiples conflictos de interés o que caminan sobre el filo de la corrupción.

Lo sucedido en la institución rectora de las políticas ambientales es ejemplo de ello. La entidad aprobó el estudio de impacto ambiental de un proyecto rechazado por la anterior administración y cuestionado por los activistas del sector.

Resulta que tal estudio había estado a cargo del actual director cuando era consultor externo. ¿Cómo proceder en un caso como este sin ir en detrimento del interés general? Parece que los códigos de ética que supuestamente rigen en algunas instituciones, permanecen archivados en un rincón.

¿Nadie en el Gobierno se preocupa por este tema fundamental? Lo cierto es que el país requiere de la adopción de normas estrictas en la materia, y obligantes para los funcionarios.

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