hoyporhoy_2013-08-15

Comparten como siamesas la Contraloría y la Defensoría del Pueblo que sus titulares sean nominados por la Asamblea Nacional, por más que seamos conscientes de que el Ejecutivo dispone quiénes ocuparán dichos cargos.

Esa índole se cimentó aún más a principios de este mes, cuando la defensora Patria Portugal fue destituida por el Legislativo señalada de “negligencia notoria” en el manejo de una serie de contratos. La caída de Portugal dejó en la cuerda a floja a Gioconda Torres de Bianchini, puesto que avaló lo hecho por aquella.

Ahora, la Contralora se niega a dar información de tales contrataciones, como si se tratase de asunto de seguridad nacional. En su afán de protegerse, tuerce la ley de transparencia con un argumento nefasto: que un contrato estatal no tiene carácter público. ¡Qué desfachatez!

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