hoyporhoy_2013-08-26

La Defensoría del Pueblo, esa institución creada en 1997 para velar por la protección de los derechos y las garantías fundamentales contenidas en nuestra Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos, ha sido fuertemente erosionada precisamente por algunos titulares de no tan grata recordación que la Asamblea Nacional elevó a ese cargo, solo para complacer los caprichos del Órgano Ejecutivo.

Flaco favor se le hace a la institución, y al país, si en el proceso de selección del nuevo defensor, que tendrá lugar esta semana, se vuelven a imponer los criterios y gustos del Palacio de las Garzas. Ya es tiempo que los diputados hagan una revisión minuciosa del perfil de cada aspirante y se permita la participación ciudadana, con la transparencia y responsabilidad que debe caracterizar la toma de este tipo de decisiones.

De lo contrario, si repetimos la historia, es mejor cerrar la institución y dejar esa responsabilidad en manos de la sociedad civil organizada u otros panameños que tengan la valentía de hacer su trabajo. Recordemos que el poder de la Defensoría estriba en su fuerza moral.

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