hoyporhoy_2013-09-26

Tras un escándalo mayúsculo, el Gobierno decidió expropiar 54 hectáreas de playa con una longitud de siete kilómetros que habían sido cedidas gratuitamente a la familia de un ministro de Estado.

Hoy, esas tierras son objeto de un litigio por parte de los afectados por la expropiación y una empresa privada, en la que es accionista otro exministro de Estado.

Y mientras la disputa se dirime en los tribunales, aparecen los que pueden ser nuevos actores, que no solo ocupan las playas en pugna, sino que comienzan a destruir un tupido manglar, donde edifican casuchas para luego reclamar tierras que no pueden ser tituladas por ser humedales.

¿Dónde están las autoridades que deben custodiar estas tierras? ¿Creen que es suficiente un letrero para alejar a los depredadores de tierras y manglares?

Es inconcebible que esto ocurra después del trauma que vivió la sociedad panameña al ver cómo bienes del Estado fueron a dar a manos privadas, nada menos que a la familia de un ministro. Las autoridades actúan como mudas y ciegas estatuas de piedra, sin mover un dedo frente al robo del patrimonio de todos los panameños.

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