hoyporhoy_2014-01-14

Para un país de memoria corta, precisiones de alcance largo. Con independencia de que fuera la casa del dictador, la demolición de un inmueble en San Francisco debió seguir pasos más pensados que las arremetidas estrambóticas del que nos gobierna.

Se esgrimieron para ello razones que pesan menos que los aplausos ganados con la medida. Para comenzar, era un bien incautado y, como tal, encargado a una entidad responsable de cuidar de su conservación. ¿Fue conminada tal entidad a responder por el deterioro de esa casa, al punto supuesto de convertirse en un peligro insalvable para la salud pública?

¿Dónde están las notificaciones, las advertencias y las multas que debían completar un proceso que devino en el show mediático de una destrucción al gusto de la masa electoral?

Exabruptos así dan pie a demandas millonarias contra el Estado que pagamos todos. ¿Saben los que esto justifican, que mañana podrían ser sus propiedades las destruidas en virtud del antecedente hoy sentado?

Que esta administración haya empezado y transcurrido a golpe de mazo no justifica el fin de la cordura ni el entierro de la ley. Dictadores de toda laya pueden venir, pero pasan.

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