hoyporhoy_2014-07-16

La población no sale de su asombro cada vez que observa que un funcionario entra al Gobierno con determinadas limitaciones económicas y, tras cinco años, abandona el cargo con una bonanza que no se corresponde con los ingresos que pudo percibir como tal.

Por eso es digno de reconocer que el Presidente de la República y el de la Asamblea, el alcalde capitalino y unos cuantos miembros del Gabinete den a conocer la declaración notariada de sus bienes, para que luego nadie los señale injustificadamente de salir con un patrimonio más abultado que el que tenían cuando empezó este gobierno.

Estaría bueno, además, que alguno de estos funcionarios tuviese la iniciativa de presentar en la Asamblea un proyecto para modificar la Ley 59 de 1999 –que dicta disposiciones sobre la declaración jurada–, y así evitar que los escurridizos sigan utilizándola para no divulgar lo que la Constitución dicta que es materia pública.

Una cláusula para suspender el pago de emolumentos a quien se empeñe en andar con secretismos, no estaría de más. Así veremos si lo de “Panamá primero” era un eslogan más de campaña o no.

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