hoyporhoy_2014-10-02

Pocos argumentos son más contundentes para respaldar el principio de que son públicas las declaraciones patrimoniales que el caso Moncada Luna.

El mandato constitucional siempre ha sido objeto de burla y un salvoconducto fácil para la impunidad. Prueba de esto aporta hoy la Notaría Segunda de Circuito que, en abierta violación del Código Civil, declara no tener copia de la correspondiente declaración del magistrado expresidente de la Corte Suprema de Justicia, radicada originalmente en ese despacho, por haberla remitido a la Contraloría.

La actuación del notario no solo atenta contra el sistema registral panameño, sino que pone ahora en duda la veracidad de los datos al entregar los originales a la entidad que justamente ha demostrado sin sonrojo alguno estar llamada a custodiar los intereses de Ricardo Martinelli y sus anillos de corrupción.

La condición de documento público contribuye a que los ciudadanos desarrollen su función fiscalizadora y a prevenir el enriquecimiento ilícito a costa de las ventajas que dan los cargos públicos.

Dejemos de darle excusas a la impunidad y cumplamos de inmediato con la orden constitucional y legal que instruye a hacer públicas las declaraciones patrimoniales.

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