hoyporhoy_2014-10-18

En 1940, el presidente de México Lázaro Cárdenas firmó la primera ley que tipificó como delito penal el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

Para este gran reformista era muy obvio que el que paga un soborno u obtiene una ganancia exagerada por su relación con el Estado no deja contrato o recibo de dicha triquiñuela.

La mejor forma de capturar a los corruptos era invirtiendo la carga de la prueba y exigiéndoles a los sospechosos de haberse beneficiado de un cargo público que presentasen las evidencias para justificar la legalidad del crecimiento de su patrimonio económico.

Después de todo, “entran limpios y salen millonarios” no fue solo un lema de campaña electoral en 2009, sino también aparentemente un estilo de vida y un modo de hacer las cosas. Se presentan, entonces, los 6 a 12 años de prisión que tiene la versión agravada de este delito en Panamá, como un mensaje que debe servir de freno a la impunidad siempre y cuando el sistema esté dispuesto a dejar de ser cómplice de tanta corrupción.

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