POLÍTICAS PÚBLICAS

Los ´imperdonables´ de Martinelli: Franklin Castrellón

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha acuñado la expresión “los imperdonables” para identificar aquellas promesas que deberán cumplirse antes de que termine su gestión. Los imperdonables son 49 proyectos en los campos del turismo, infraestructura, disminución del costo de la canasta básica, el mejoramiento de la educación y la salud, vivienda, tecnología, deportes e infraestructura a ser ejecutados a un costo que excede los 3 mil millones de dólares.

“Los imperdonables” van desde la ampliación a cuatro carriles del tramo entre Santiago, Veraguas, y David, Chiriquí, la ejecución de la segunda, tercera y cuarta etapas de la cinta costera y la construcción del Metro entre San Miguelito y Panamá hasta otros de impacto social como “los 100 para los 70”, acciones para reducir el costo de la canasta básica, la beca universal y la renovación urbana de Curundú.

No me cabe la menor duda de que la ejecución de estos proyectos, junto a la ampliación del Canal, tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país. Y que combinadas con una política económica de varias administraciones que ha inducido a las calificadoras de riesgo a ubicar a Panamá como país con grado de inversión, ellos constituyen un complemento que podría llevarnos en corto plazo a ser un país desarrollado.

Pero lamento que otras promesas surgidas de la propuesta por el verdadero cambio que llevó al poder a la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, no hayan sido incluidas en la lista de imperdonables. Me refiero a la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, elementos clave para alcanzar el nivel de desarrollo anhelado.

Peor aún, lejos de manifestar voluntad de cumplir con estas promesas, el presidente Martinelli –obviamente alentado por sus asesores más cercanos– apenas asumió el cargo tomó acciones para controlar el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General. Esa actitud contrasta con su discurso pronunciado en Cade 2006, cuando censuró que “los presidentes se metan en todos los órganos e influyan en todas las elecciones de magistrados o de la Asamblea Legislativa”.

Pero él ha ido aun más lejos; en el ámbito electoral designó como fiscal a un exmiembro de Cambio Democrático, lo que aparentemente coloca a ese partido y a sus dirigentes a salvo de cualquier sanción por infringir las normas electorales. Y para ponerle la cereza al pastel, su gobierno ha diseñado y ejecutado una estrategia que desafía los más elementales principios éticos de la política, para asegurarse una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita ejercer control absoluto sobre este órgano, llamado por mandato constitucional (artículos 146-163) a fiscalizar al Ejecutivo. Tal es así que la mayoría controlada por el Ejecutivo pretendía, al menos hasta hace poco, aprobar la segunda vuelta electoral, a pesar de que el artículo 163 le prohíbe “expedir leyes que contraríen la letra y el espíritu de esta Constitución”.

El mal ejemplo que nos ha dado, para mi gusto, el peor parlamento que ha tenido Panamá en su vida republicana me indujo a envidiar la ejemplar acción tomada, en julio pasado, por el pueblo letón de disolver el parlamento, vía referéndum, con una inmensa mayoría del 94%. Nuestra Asamblea podría arrojar la gota que derrame el vaso si intenta contaminar el proyecto de reformas que proponga la Comisión de Notables antes de que concluya el 2011.

En todo este proceso, el mandatario ha tomado distancia de las organizaciones de la sociedad civil, a las que invitó, en Cade, a involucrarse en la política para impulsar su adecentamiento. Y en su lugar ha abierto las puertas de Cambio Democrático a dirigentes de otras facciones que enfrentaban casos con la justicia por supuestos actos de corrupción. En cierta forma, ha contribuido a depurar a esos partidos, liberándolos de miembros de dudosa trayectoria. Con el ingrediente adicional de que esa lealtad durará el tiempo que dure su acceso al presupuesto del Estado.

Igual ha ocurrido con el compromiso de luchar contra la corrupción para erradicar este grave mal, incluyendo la discrecionalidad de los servidores públicos. En su lugar se han flexibilizado los mecanismos de contratación pública, lo que ha llevado a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a cuestionar adjudicaciones directas de contratos y concesiones. Y algunos ministros no han tenido el menor reparo en otorgar contratos a familiares y allegados, violando flagrantemente el Código de Ética del Estado.

El incumplimiento de esta promesa ha generado una ola creciente de denuncias de actos de corrupción, las más recientes ocasionadas por las adjudicaciones de tierras por la recién creada Autoridad Nacional de Tierras. Las cuestionadas adjudicaciones ocurrieron gracias a la amplia discrecionalidad que la ley de la Anati concede a su administrador. Ahora el Ejecutivo intenta maquillar a esta agencia, nacida de malas intenciones, asignándole a un estratega importado de Colombia.

En este triste escenario, a la inmensa mayoría de los electores que confió en la propuesta por el verdadero cambio le cabe el derecho y la obligación de exigir al mandatario que cumpla su promesa de campaña y su plan de gobierno. De no hacerlo, entonces deberá prepararse, con responsabilidad ciudadana, para pasarle la factura en el próximo proceso electoral. Y escrutar mejor la trayectoria de aquellos políticos que intenten en el futuro ganarse la voluntad popular.

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