IMPUNIDAD A ALTAS ESFERAS

De indagatorias, no pasamos: Leandro Ferreira B.

Uno de los aspectos que más frustración causa entre los ciudadanos a los que les preocupa el manejo de la cosa pública, es la impunidad reinante en los casos de corrupción. Este sentimiento sale a relucir cada vez que se aplica una encuesta seria que aborde el tema, y es una percepción que se ha mantenido prácticamente invariable a través de los años.

Al repasar la información que reposa en mi memoria, no encuentro ningún caso de alto perfil resuelto, mucho menos con una condena de por medio, a pesar que han sido muchos los escándalos que por décadas han estremecido el país y que, generalmente, han impactado de alguna u otra forma las arcas estatales, restando con ello recursos necesarios para el desarrollo. Hasta ahora ningún pez gordo ha caído.

Lo peor de esto es que, a pesar del rotundo fracaso de las instituciones responsables de descubrir, investigar, perseguir y castigar los delitos de corrupción, no se plantean correctivos inmediatos.

Hace algunos años, el Órgano Judicial anunció el inicio de un plan de auditorías operativas que entre sus objetivos incluía evaluar el accionar de los despachos judiciales y determinar las causas de la lentitud o estancamiento de los procesos, pero todo parece indicar que, lamentablemente, esta iniciativa no tuvo la acogida y el respaldo requerido para darle continuidad.

Lo cierto es que hoy continuamos teniendo serias dudas sobre la calidad de la gestión anticorrupción. Las instituciones relacionadas con la lucha en contra de este flagelo no dan muestras de eficacia y, generalmente, optan por tranquilizar a la opinión pública, anunciando indagatorias o auditorías que, aparte del pasajero espectáculo mediático que ofrecen, no arrojan resultados concretos.

Frente al lamentable papel de las referidas entidades, que dicho sea de paso le cuestan millones al tesoro nacional, los ciudadanos tenemos que depender casi que exclusivamente de los medios noticiosos, para enterarnos de las irregularidades relacionadas con la administración del Estado, y muy pocas veces recibimos información oficial sobre el resultado final de las investigaciones, si es que llegan a realizarse. Los periodistas, se han convertido en los verdaderos fiscalizadores.

No obstante, a los que ejercen el periodismo investigativo esta labor no les resulta nada fácil. El acceso a la información, generalmente, está vedado y los comunicadores sociales tienen que emplearse a fondo para desvelar los casos.

Evidentemente se necesitan correctivos de manera urgente. La impunidad absoluta debe ser rápidamente reemplazada por la certeza del castigo. Prácticas tales como: sobreseimientos, a pesar de la evidencia en contra de los imputados, apresurados archivos de expedientes, auditorías inconclusas y de pobre calidad, la mora judicial, y las absurdas medidas cautelares para los imputados (casa por cárcel y país por cárcel), no deben tolerarse.

Siento que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, están en deuda con la nación. Les toca asumir el compromiso de saldar este pasivo a través de una reestructuración que busque erradicar las causas de la poca efectividad mostrada.

En el caso de la Contraloría General, resulta penoso que esta entidad fiscalizadora nunca descubra o reporte un caso relevante de delito contra la administración del Estado. Repito, si no es por los periodistas, no nos enteraríamos de los crímenes contra el erario. De este organismo fiscalizador, todos esperamos más.

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