COMPETENCIA

De indultos y perdones: Abel D. Comrie Ortega

Los decretos de indulto emitidos por Ricardo Martinelli no son revocables de oficio por el presidente Juan Carlos Varela. Estos no incurren en ninguna de las causales de revocabilidad de oficio a que se refiere el Art. 62 de la Ley 38 de Procedimiento Administrativo. Lo que se afirma sobre que el expresidente no era competente para otorgarlos es incorrecto. Martinelli sí era competente, pero lo que hizo fue aplicar la facultad de indulto a un supuesto de hecho que no corresponde, y esto se resuelve de otro modo.

El indulto es el perdón de la pena, no del delito. En adición, en el caso panameño, debe tratarse de delitos políticos. Si bien es cierto no hay norma que señale qué son los delitos políticos, ya la Corte lo explicó con claridad (coincidiendo con la doctrina y derecho comparado) al estipular que se trata de los delitos contra la personalidad internacional y/o interna del Estado. Entiéndase terrorismo, espionaje, subversión, golpes de Estado, actos de secesión, etc.

Aclarado lo anterior, el indulto presupone la existencia de un proceso judicial con una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada. Solo es aplicable en los negocios de la jurisdicción penal, y se aplica a delitos políticos, tal como se ha definido.

Por eso, resulta ajustado al derecho, y por demás inteligente, la posición del Tribunal Electoral respecto a los indultos. Lo hecho por Martinelli se desata en cada caso particular, en cada despacho jurisdiccional en donde el interesado pretenda que el juez reconozca y ejecute el beneficio. Debemos recordar que una cosa es el acto administrativo que otorgó el indulto y otra es el acto judicial que lo reconoce y ejecuta. No basta con que el Presidente decrete ese perdón. Aquí podrían darse varios supuestos:

1. Tratándose de procesos en curso sin sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, el juez está obligado por la ley a verificar si dentro del proceso se dan los presupuestos de hecho y de derecho para el reconocimiento y ejecución del indulto. Si considera que no se dan, puede negar la solicitud, en cuyo caso el beneficio quedaría insubsistente. Lo anterior, dejando a salvo los medios de impugnación correspondientes.

2. Tratándose de procesos que hayan concluido con sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, la situación se hace compleja, pues al no existir disposición puntual que defina qué son delitos políticos, no le sería posible al juez hacer la distinción con el objetivo de rechazar la solicitud de reconocimiento y ejecución. De hacerlo, él estaría usurpando las atribuciones de revisión constitucional que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es mi parecer que aquí el indulto tendría que ser reconocido y ejecutado por el juez.

Ahora bien, ninguno de esos dos escenarios impide que contra los decretos de indulto se ensayen sendas demandas de inconstitucionalidad ante la CSJ. Si bien estas acciones no suspenden los efectos del acto impugnado, son vitales por cuanto que mientras no quede en firme y debidamente ejecutoriada la resolución judicial que reconoce el indulto, este podría, en el ínterin, ser revocado por la CSJ. Sostengo esto, pues considero que el derecho del particular a beneficiarse del acto administrativo de indulto se gana con su reconocimiento y ejecución en firme por el juez de la causa, no antes. De otro modo que el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos respecto a derechos de terceros, sería la cueva de la desviación de poder de los presidentes. Cuando dije antes que el indulto quedaría insubsistente, es porque no existen los de tipo preventivo. ¡No inventen!

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