APEGO A LAS LEYES

El derecho a la intimidad y los derechos de la ciudadanía: Giovanni Olmos Espino

La ciudadanía panameña ha quedado muda tras escuchar cómo las aspiraciones electorales de algunos políticos pueden llegar al extremo de hacer olvidar los valores de respeto mutuo y decencia pública que deben guiar la contienda política y la vida misma de la sociedad en su conjunto.

Ya se trate de opositores o gobernantes, nadie tiene el derecho de someter a la población a escándalos como los que vivimos los últimos días.

La Constitución garantiza el derecho a la intimidad, reconocido también por la doctrina y la jurisprudencia comparada como un derecho humano.

Quien grabe una conversación privada y la difunda sin consentimiento de quienes participan de esta, sin importar su tenor, está violando dicho derecho.

Solo cabe una excepción cuando el bien jurídico en peligro es mayor que el bien jurídico “intimidad”. Pero, ¿cómo ponderar los bienes jurídicos en juego? Y en definitiva, ¿cuál es el deber ciudadano de quien accede, legítima o ilegítimamente, a la información, por ejemplo, sobre la futura comisión de un delito?

En este caso, ¿sería la difusión masiva de una conversación privada la única forma de proteger ese bien jurídico superior?

Creemos que no es así, y que el tema merece dos niveles de análisis.

En primer lugar, grabar una conversación y difundirla está tipificado como delito y viola el derecho a la intimidad cuando no cuenta con la autorización de sus interlocutores. Según el maestro procesalista Julio B. Maier, la intimidad significa ámbito de reserva, dentro del cual el portador de ese interés jurídico sustrae el contenido material de la comunicación con otros, expresa o presuntamente, del conocimiento de personas que no intervienen en la comunicación o sin autorización para conocer ese contenido.

Podemos colegir, entonces, que si un tercero posee una grabación y la utiliza con fines que afectan ese ámbito de privacidad, estamos ante delito a la luz de lo que establece el Código Penal (artículos 167 y 168). Igualmente, esas normas imponen el llamado perdón del ofendido, al permitir que la víctima de delito dispense dicho acto voluntario.

En segundo lugar, el deber ciudadano de quien accede a revelaciones que generen intranquilidad pública, que hagan peligrar la vida o integridad de una persona o que revelen prácticas ilícitas en general, es poner estas en conocimiento de las autoridades públicas, para que hagan funcionar las herramientas del Estado y prevengan la comisión de delitos. El Ministerio Público, más que los medios de comunicación social, debió ser el receptor de una información de tales características.

Estos tiempos requieren madurez política y apego a las leyes y las instituciones. La aspiración de todos es convivir en un estado de derecho en el que se respete la vida e integridad personal y eso no lo podemos negociar ni suspender en tiempos de campañas electorales.

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