EDUCACIÓN

Una inversión para dar empleo juvenil: Ricardo Salcedo López

Considero que la debacle educativa de las escuelas públicas de hoy se produce por haber dejado decaer la educación universitaria durante la dictadura militar. Por malas que sean nuestras escuelas primarias y secundarias públicas –que no lo son tanto– la responsabilidad está en las universidades. Tanto públicas como privadas.

No hay filtros, exámenes o requisitos elevados para entrar. Los incentivos para que los estudiantes y maestros se esfuercen están invertidos. Tanto en las universidades públicas como en las privadas se busca promover la entrada de los estudiantes a la universidad, en vez de elevar los requisitos para que la entrada sea selectiva. Si se estableciera que solo los mejores, más decididos o más inteligentes pueden entrar en la universidad, la competencia sería hacia arriba. Pero, al facilitar el ingreso, la competencia se produce hacia abajo. Consecuentemente, ni los estudiantes ni los acudientes se preocupan por la educación primaria y secundaria. Solo les interesa la graduación, porque siempre encontrarán una universidad dispuesta a recibirlos.

La educación universitaria se hizo accesible para todos, pero no para el que lo merece, sino para ponerla al alcance de cualquiera, sin importar preparación, méritos o condición. Quisiera pensar que se confundió elitismo con meritocracia, aunque me dicen que con la masificación de la Universidad de Panamá, en verdad lo que se buscaba eran los salarios de profesores y puestos administrativos (entre más estudiantes entraran más profesores y administrativos serían necesarios); en fin, negocio (para un puñado de personas) disfrazado de herramienta política para el cambio social. Cambio social que al subir el nivel de politización no ocurrió, sino que devino en ideologización tercermundista.

La Universidad de Panamá perdió valor, como sucede cuando el banco central de un país empieza a emitir moneda, buscando solucionar un problema, pero lo que hace es potenciarlo (posponerlo temporalmente, agravándolo). La mal llamada “revolución” trató de hacer lo mismo con la educación primaria y secundaria –la “reforma educativa”– pero. afortunadamente, fracasó.

La buena educación y la transformación social que ella conlleva es la que determinará el avance o retroceso económico de nuestro país, no el producto interno bruto (PIB) o el índice de precios al consumidor (IPC). De haber habido una buena educación, probablemente se hubiese evitado dar la importancia desmedida que se le da al crecimiento económico hoy en día, en detrimento del nivel de vida de la población. El resultado es que el IPC está muy mal, aun cuando el PIB es de los mejores del mundo, y la educación, otrora muy buena, es hoy un desastre. Para la mesa económica, de la que todos –ricos, clase media y pobres– deberíamos comer, solo tenemos una de las tres patas.

Aun cuando promuevo la “libre competencia económica”, soy consciente de que ni en la educación ni en ninguna otra materia puede darse entera libertad a las fuerzas del mercado para que resuelvan un problema. Aprovecho para hacer dos propuestas de cómo el Estado puede influenciar la competencia para mejorar la educación.

El precio de los apartamentos ha bajado sustancialmente en toda España y el nivel de la educación universitaria es superior a la panameña. ¿Por qué no compra Panamá 100 apartamentos en alguna ciudad española importante y envía anualmente a 400 estudiantes sobresalientes de las escuelas secundarias públicas y a 100 maestros becados para que vivan y estudien en las universidades de ese país? Esto se realizaría de forma escalonada, de manera que no solo una generación se beneficie; además, los estudiantes tendrían que escoger carreras que no se dicten en Panamá, y los maestros, estudios de docencia o relacionados con tecnología de la información.

Ya en una época, presidentes visionarios enviaron decenas de panameños a estudiar a las universidades chilenas y compraron propiedades en Nueva York, como inversión. Ahora podrían combinarse ambos intereses. El Ifarhu podría administrar el programa. La embajada y la red de consulados –que en España es abarcadora– controlaría y pagaría por los apartamentos y a los beneficiados. Una oferta pública realizada allá atraería a varios municipios que ofrecerían bloques de apartamentos, en conjunto con bancos y universidades. Cuando la situación económica mejore en España, las propiedades subirán de valor, mientras tanto los estudiantes y maestros becados se beneficiarán, y el sistema público de enseñanza panameño mejoraría por la competencia que se generaría.

Estudiantes de entre 18 y 23 años que cursan estudios en las universidades locales, o que no laboren ni estudien, deberían poder ser contratados a tiempo parcial por cualquier empresa o persona. El incentivo, tanto para los jóvenes como para los empresarios, sería que el pago estaría exento de cualquiera deducción. Esto es: no pagarían impuestos ni seguro social ni serían sujetos a deducción alguna, aunque fuere voluntaria. Los jóvenes desempleados que no pueden ir a la universidad, porque no hayan asistido a la escuela secundaria o no puedan, porque tienen otras obligaciones, encontrarían un primer trabajo que los ayudaría económicamente, anímicamente y que podrían presentar como experiencia previa a un futuro empleador. El gasto para la empresa sería relativamente pequeño, porque se calcularía con base al salario mínimo, y no conllevaría papeleo en lo absoluto. Solo recibos y cheques. La edad se comprobaría con la cédula.

El programa se aprobaría por ley y, ¡pobre del sindicalista que se oponga! ¿No se verán beneficiados con un primer trabajo los hijos y sobrinos de los miembros del sindicato?

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