EDUCACIÓN

La jornada única: Pedro R. Mora R.

Al leer el pensamiento de Juan Pablo II escrito en la carta encíclica Centesimus Anus, el primero de mayo de 1991, en la que señaló, en el punto 33, “para los pobres a la falta de bienes materiales se ha añadido la del saber y de conocimiento que les impide salir del estado humillante de dependencia”, me motivó investigar las variables que inciden en la calidad del servicio educativo ofrecido por el sector oficial y el particular.

Las variables evaluadas fueron siete: las horas de clases al día, infraestructura, escuelas multigrados y unigrado, días de clases al año, calidad del personal docente, el presupuesto y la composición del gasto corriente y de inversión. Al ponderarlas se observó que hay una diferencia de calidad entre el sector particular y el oficial que fluctúa entre 75% y 115%.

Las horas de clases son las variables determinantes de esta diferencia, ya que las oficiales ofrecen como máximo cinco horas de clases contra un mínimo de siete horas por parte del sector particular. Esto hace una diferencia porcentual de calidad de 40% y reduce el total entre 35% y 65%.

En 2013, asistían 635 mil 147 estudiantes (85% del total) a las 3 mil 829 escuelas oficiales de primaria, premedia y media donde más del 70% de las escuelas de primaria del sector rural es multigrado y 111 mil 217 estudiantes (15% del total) en las 790 particulares.

La consecuencia de las multigrado se reflejó al comparar los estudiantes de sexto grado del sector urbano con los del sector rural en matemática, lectura y ciencias, la diferencia fue de 37, 57 y 38 puntos respectivamente y la baja calidad total en el sector público se midió en el examen de admisión de razonamiento numérico (2013), en la Universidad de Panamá, donde solo aprobaron el 30% y en el examen (2009) preparado por la Unión Europea (PISA) a 65 países en lectura, matemática y ciencias, a estudiantes de 15 años, Panamá obtuvo la posición 62.

En consecuencia, frente a la mala calidad de la educación básica pública los estudiantes prefieren buscar otras opciones. Datos del censo de 2010 señalan que el 56.7% de las personas de más de 15 años no tiene título; el 28.4%, el de secundaria; 11.5%, licenciatura y más y 3.4%, otros, mientras la escolaridad promedio de la población económicamente activa, a marzo de 2015, en el sector urbano fue de 11.4 años y de 8.4 años en el rural.

En 2013 existían 108 mil 203 personas que no trabajan ni estudian (“ninis”) y los detenidos por cada mil habitantes pasó de 8, en 1990, a 17, en 2013.

La baja escolaridad reduce los conocimientos y la productividad potencial del recurso humano y, por ende, sus remuneraciones bajas. Las cifras del censo de 2010 exponen que el 51.1% de los hogares obtiene un ingreso mensual de menos de 600 dólares y la encuesta de hogares de agosto de 2014 expuso que el 54.2% de los empleados tiene un ingreso mensual menor de 600 dólares. Además se estima que entre el 28% y el 45% de los nuevos empleos vinculados a la ampliación del Canal, entre 2013 y 2025, requerirán mano de obra importada.

Reducir la diferencia de calidad entre el sector particular y oficial es inminente, iniciando con la jornada única y respaldada con mucho recursos para mejorar los salarios de acuerdo a la productividad y las infraestructuras, si no la mala distribución de ingresos y la pobreza aumentarán significativamente.

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