CAJA DE SEGURO SOCIAL

El colapso de las jubilaciones, un cataclismo social: Juan Manuel Castulovich

Doscientas 40 mil personas, que en su mayoría solo dependen de sus pensiones para –a duras penas– subsistir, corren el riesgo de verlas esfumarse en unos cuantos años, según han alertado el flamante director de la Caja de Seguro Social (CSS) y su junta directiva. Pero como de ellas depende otra cantidad igual, la tragedia impactaría a 500 mil.

Si el programa de pensiones colapsara, liquidando de cuajo las expectativas de los 800 mil cotizantes que esperan jubilarse en los próximos años, sus devastadores efectos también alcanzarían a los centenares de miles de asegurados y beneficiarios, que son atendidos por la CSS. Estaríamos enfrentados a un auténtico cataclismo social, que sacudiría hasta a sus cimientos a la nación panameña.

Pero como tragedias de esa magnitud no ocurren de la noche a la mañana, sino que se gestan durante varios años, la primera pregunta que corresponde hacerle al director y los miembros de la directiva, que ocupan esos cargos casi que de manera permanente, es: ¿Cómo es que ahora acaban de descubrir que las reservas del Fondo de Pensiones se agotarán en 10 años, o menos?

Para quienes no se han adentrado en los pormenores del problema denunciado por el señor Estivenson Girón, conviene aclarar, aunque solo sea para evitar pánicos prematuros, que la Caja, o el Fondo de Pensiones tienen liquidez para pagarlas durante los próximos años; las reservas actuariales, que son cosa diferente, son las que navegan por un rumbo crítico y previsiblemente, al ritmo que vienen disminuyendo, se agotarán para el año 2025.

Para explicarlo de manera sencilla: si usted tiene una cuenta de ahorros y solo retira los intereses para vivir de ellos, el capital que los produce, que son la reserva, no disminuirá; pero si usted retira más que los intereses, el capital decrecerá y se agotará y entonces no habrá liquidez y tampoco reservas. El problema actual es que las reservas del Fondo de Pensiones, que no deben gastarse sino invertirse productivamente, para que sigan produciendo liquidez, se utilizan para pagar las pensiones.

Por disponerlo así ley orgánica de la CSS, que fue reformada integralmente en el año 2005, para supuestamente evitar que se llegara a la situación presente, existe un organismo denominado “la Junta Técnica Actuarial”, que tiene la responsabilidad específica de “investigar, evaluar y analizar la situación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte” y de rendir informes anuales a la junta directiva y al Órgano Ejecutivo, que “deberán determinar, con base a su valuación actuarial y financiera, si en alguno de los 10 años subsiguientes a la presentación de dicho informe, las reservas contables resulten menores de 2.25 veces el gasto anual”.

En idioma llano y con base en la anterior disposición, si en cualquiera de los años, a partir de 2006, el gasto proyectado para el pago de las pensiones redujo las reservas, en un 2.25, debieron saltar las alarmas y, en consecuencia, generarse las acciones correctoras por los directamente responsables de manejar la institución: el director y la junta directiva, o por el Órgano Ejecutivo. ¿Hubo esos informes? ¿Quiénes los recibieron? ¿Qué hicieron con ellos durante los 10 años transcurridos desde el 1 de enero de 2006, cuando entró en vigor la reforma de la ley orgánica? La obligación de contestar es del director y la junta directiva de la CSS y del Órgano Ejecutivo, de los actuales y de sus predecesores.

Por eso, es inaceptable que el actual director de la CSS, sin antes dar las explicaciones que, tanto él como la junta directiva, le deben todos los asegurados y al país, se salga por la tangente con el anuncio absurdo de que gastará varios centenares de miles de dólares, en la contratación directa de auditorías para que preparen dictámenes sobre la situación financiera del Fondo de Pensiones. Primero tiene que haber rendición de cuentas y ubicación de responsabilidades. Si no están en capacidad de ofrecerlas o de asumirlas, en un plazo perentorio, entonces deben renunciar, en pleno, por incapacidad manifiesta en el cumplimiento de sus funciones.

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