DEPORTE Y POLÍTICA

El juego limpio: Franklin Castrellón

Los recientes acontecimientos del deporte mundial, en el que atletas que han hecho trampa en su desempeño han sido privados de los honores que se otorgan a deportistas brillantes y honestos, me inducen a ensayar una analogía con el ejercicio de la política en nuestro país.

El 9 de enero pasado, el comité de selección de estrellas del béisbol al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, negó el ingreso a Mike Piazza, Barry Bonds y Roger Clemens por su presunto uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Es decir, por violar las normas del deporte que practicaban. Aunque Bonds y Clemens lo niegan, las evidencias son abrumadoras. Ellos habían acumulado extraordinarios guarismos que, de otra suerte, les habrían ganado paso expedito al Salón de la Fama. Bonds fue escogido en siete ocasiones como jugador más valioso y Clemens se hizo merecedor de siete premios Cy Young como mejor lanzador de las grandes ligas. Piazza fue designado novato del año en 1993, logró en 10 años seguidos el Silver Slugger Award que se otorga al mejor jugador ofensivo de cada posición, y fue uno de los mejores receptores en la historia de las grandes ligas.

Recientemente, la celebridad del ciclismo Lance Armstrong confirmó en entrevista a Oprah Winfrey, el 17 de enero pasado, haber ganado siete veces el Tour de France gracias al consumo de drogas y haberse sometido a transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento y resistencia. Por hacer trampa (antes de haberlo admitido), en agosto de 1998 la Corte de Arbitraje para los Deportes de Estados Unidos lo despojó de todos sus títulos y le prohibió practicar el ciclismo a nivel profesional de por vida. Su caso es quizás el más patético, pues aun contra todas las evidencias y los testimonios de sus excompañeros, él negó por más de 10 años haber hecho trampa. Fue esa actitud lo que impulsó al presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fahey, a señalar que “él estaba equivocado; engañó y no hay excusa alguna para lo que hizo”.

Como en el deporte, en la política rigen normas para garantizar el juego limpio. En Panamá, las normas que prohíben a los funcionarios, electos o designados, usar sus cargos para provecho personal o sacar ventaja política están tipificados como delitos en el Código Penal (Delitos Contra la Administración Pública, capítulo Diferentes Formas de Peculado), y en el Código Electoral (Art. 27-32). Además, esas conductas están definidas como antiéticas en el Código de Ética de los Servidores Públicos (Decreto No. 246 del 15 de diciembre de 2004).

Entre las conductas tanto ilegales como antiéticas que hemos presenciado están la asignación de las antiguas partidas circuitales para favorecer a diputados, alcaldes y concejales tránsfugas; las donaciones políticas por beneficiarios de contratos directos; las presiones de allegados al Gobierno para inducir a funcionarios de oposición electos a cambiar de partido, y las campañas personalistas de altos funcionarios con aspiraciones políticas, financiadas con fondos públicos.

En un trabajo investigativo, La Estrella (23 de marzo de 2012) calculó que, basado en la práctica establecida, para 2014 el Gobierno habrá destinado unos $64 millones anuales solo para favorecer a diputados oficialistas, incluidos los tránsfugas. Este problema se resolvería si se eliminan las asignaciones de partidas a los funcionarios electos; las obras que impulsen deben ser consignadas en el presupuesto del Estado, bajo responsabilidad de la entidad competente, y el manejo de los fondos, fiscalizado por una Contraloría independiente y responsable. La más reciente perla que nos pretenden regalar funcionarios con aspiraciones políticas es la de negarse a renunciar para acogerse a una licencia. Ello viola el Art. 28 del Código Electoral, y desafía la posición del Presidente, expresada en un acto político el 9 de enero de 2013, de pedirles que renuncien “para evitar malas interpretaciones sobre el uso del tiempo o los recursos del Estado”. Las conductas violatorias de la ley y la ética debieron ser investigadas por la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral, y los culpables juzgados por autoridad competente, pero esas autoridades no han cumplido con su deber. Peor aún, diputados y alcaldes tránsfugas que tenían casos penales han visto detenidos sus procesos, como premio por haber sucumbido a las presiones del poder político.

En Panamá las normas para garantizar el juego limpio en la política no solo son violadas por el Gobierno, sino ignoradas por las instancias llamadas a investigar y sancionar a quienes las violan. El caldo de cultivo de este juego sucio descansa en la nula educación cívica de un alto porcentaje de la población. Aquella que entrega su voto por cualquier beneficio, a sabiendas de que la donación se paga con fondos públicos, y que el “benefactor” no cuenta con capacidad ni la autoridad moral para ejercer el cargo al que aspira. Se impone una campaña para concienciar a los ciudadanos en el ejercicio del voto; para que elijan, no a ciudadanos tramposos, sino a quienes hayan elaborado una trayectoria digna de recibir la confianza de que ejercerán los cargos públicos con responsabilidad, honestidad y transparencia.

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