DESCUIDO Y NEGLIGENCIA

La jurisdicción coactiva, un arma de destrucción masiva: Roberto Brenes Pérez

La jurisdicción coactiva es una prerrogativa de la que gozan las entidades del Gobierno para cobrar, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor. En este esperpento jurídico, el ente estatal es juez y parte, y como toda mala yerba, se ha extendido en el Gobierno y no solo para cobrar cuentas, sino para dirimir contratos. Este “privilegio exorbitante”, como lo llama la jurisprudencia colombiana, debe derogarse antes de que destruya la poca institucionalidad que nos queda.

Todo el que ha sufrido un proceso de jurisdicción coactiva no alucina si le recuerda un tribunal inquisitorio de la Edad Media. Un sistema desprovisto de garantías procesales, en el que quien acusa y condena es uno, y en el que la brutal sentencia se dicta en esa misma instancia y, entonces, solo cabe apelación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema. Allí el recurso llega si el afectado tiene los medios materiales para moverlo y luego sentarse a esperar que lo fallen. Los demás mortales sucumben y arreglan ante la omnipotencia del poder coactivo.

La jurisdicción empezó, quizá con cierta justificación, para cobrar impuestos. La idea fue crear un proceso para el cobro ejecutivo de obligaciones fiscales, sin entrar, en un proceso alterno por la vía judicial que podría evitar la efectividad del cobro. De allí que el personaje central de esta pesadilla jurídica se llame “juez ejecutor”.

Pero la práctica no se circunscribió al sistema tributario. Primero vinieron los bancos del Estado a hacerse de esta feroz herramienta para cobrar sus préstamos. Las historias de terror y de poca pulcritud en los bancos estatales son interminables. Ha habido muchos casos de cobro coactivo, que si el banco hubiese tenido que acudir al sistema judicial ni siquiera le hubiesen admitido la demanda por falta de evidencias.

La jurisdicción coactiva se ha tornado viral. Desde 2009, la ley de contrataciones públicas le confiere dicho privilegio, de forma ilimitada, a todo el aparato estatal con que los particulares celebren contratos. O sea, ahora las instituciones no solo tienen el mazo para cobrar sino, que yo, Estado omnipotente, decido la suerte de los contratos que suscribimos y te aplico la coacción para hacerte cumplir o pagar. ¡Y eso, tristemente, se aplica desde al gran constructor hasta la pequeña y mediana empresa, que contrata pequeños servicios con un municipio o un corregimiento!

Ya hay graves casos concretos, en que instituciones, como la Caja del Seguro Social, incumplen los contratos, pero imponen su interpretación y proceden contra los contratistas, sin mayor trámite. Las aseguradoras y los bancos han empezado a tomarle distancia a los contratos con el Gobierno, temerosos de este sistema parcializado y unilateral. Con ello, al final no habrá contratistas serios ni bancos que los financien, con lo que perdemos el Gobierno y los ciudadanos.

Los jueces ejecutores no son independientes. Son de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, sujetos a los deseos de sus jefes y a las mieles del poder y la corrupción. En algunas partes del Gobierno, el juez ejecutor cobra un porcentaje de lo recaudado, viciando aun más el proceso. Ahora estos mismos seres están llamados a la interpretación de contratos de los que no conocen ni han sido parte y solo ejecutan el designio de los departamentos legales de las instituciones que, por supuesto, no estarán nunca del lado del particular.

La jurisdicción coactiva provoca descuido y negligencia en el propio Estado, pero más triste, adormece cualquier interés del Gobierno de mejorar la justicia; ¿por qué habrá de hacerlo, si tiene un sistema propio y absoluto con el que dirimir las cosas a su favor? Si el Estado, como cualquier ciudadano, estuviera obligado a comparecer ante la justicia ordinaria, estaría en su mejor interés velar por la excelencia y efectividad del Órgano Judicial.

La jurisdicción coactiva hay que abolirla porque crea un privilegio al Estado en contra de los particulares. No conozco un solo abogado que la defienda y todos apoyan su derogatoria. Pero hay más; esto es un tema de principios: los privilegios abusivos, como la jurisdicción coactiva, son expresiones de poder de un Estado antidemocrático y omnipotente. Y aquí, ya no creemos ni en el uno ni en el otro.

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