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La justicia está en crisis: Victoriano Rodríguez Santos

Desde hace un tiempo escribo sobre la justicia selectiva y las arbitrariedades que practican algunos juzgadores. La Corte Suprema de Justicia no escapa a este señalamiento. Mientras a unos se les beneficia con fallos o medidas confusas, otros son perjudicados con sentencias contrarias al derecho y bajo argumentos e interpretaciones incoherentes.

Diferentes magistrados de épocas pasadas y, en este quinquenio, el magistrado Harry Díaz, advierten de la venta de fallos, mientras los gremios abogadiles y la población, en general, guardan silencio. Los ciudadanos esperan muchos años antes de que salgan los fallos. Por desdicha, el proceso es lento y negativo para los honestos, pero complaciente para políticos y corruptos.

Habría sido interesante conocer el inventario de expedientes, en orden cronológico, que reposaba en el despacho del entonces magistrado Alejandro Moncada Luna y la razón por la que los mantenía en suspenso, algunos por años. Al parecer y por lo expuesto en su momento por el magistrado Díaz, no es uno ni son dos. Entonces, ¿quiénes y cuántos son los que venden los fallos?

El sistema está en crisis y eso es peligroso. La población se cansó de ser tratada como ignorante. En países como Perú los ciudadanos se toman la justicia por sus manos y ladrón visto es ladrón linchado, igual que ocurre en algunas poblaciones de Panamá. Aquí la impunidad es sinónimo de inmunidad, y solo mediante medidas enérgicas se le podrá poner coto a la corrupción. Además, algunos (as) secuaces del expresidente Ricardo Martinelli todavía se mantienen en cargos de confianza y gran responsabilidad. Una acaba de renunciar.

Ahora, tal como lo denuncia la abogada Edna Ramos, hay un número considerable de colegas extranjeros que ejercen sin permiso en Panamá, quizás producto del mal concebido programa Crisol de Razas. Lo que pudiera ser un distractor o bola de humo por parte de quienes administran justicia.

Mientras los magistrados no sean escogidos por el pueblo, mediante el voto popular, y tampoco sean reemplazados a través de un plebiscito, el sistema seguirá en crisis. Al parecer, los organismos de administrar justicia tienen una capacidad mediatizada por razones económicas, sociales y políticas. ¿Quién paga más? ¿Por qué dar país por cárcel para algunos y presidio para el hijo de Juana? Y ¿quién me nombró o tiene a mis parientes emplanillados? ¡Dios te salve, Panamá!

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