UTILIZACIÓN DE RECURSOS

La justicia y sus prioridades: Raúl E. Olmos E.

El interés de insertar una nueva Sala en la Corte Suprema de Justicia para, supuestamente, darle celeridad a las decisiones relativas a los recursos de Habeas Corpus, amparos y Habeas Data, al igual que a otros temas de índole constitucional, en el fondo, no tiene como propósito resolver la mora judicial, puesto que las estadísticas demuestran que la misma se encuentra concentrada en la esfera de los juzgados de Circuito Penal y Civil. Razón por la cual, es hacia ese sector de la administración de justicia al que se deben dirigir los esfuerzos, en aras de dotar a dichos tribunales de los recursos humanos y materiales para enfrentar la mora judicial.

Lo anterior, constituye una realidad innegable, la que se mantiene inmutable incluso cuando el tema de la Sala Quinta surgió en el escenario político hace más de 10 años.

A la fecha, tal situación se mantiene intacta, de modo que si la preocupación se centra en resolver el letargo judicial, tal esfuerzo se debe dedicar a la esfera circuital y municipal, más porque a los niveles de conflictividad y litigiosidad han aumentado y, prácticamente, la mayoría de los procesos son adjudicados a tales jurisdicciones.

Por tanto, sería más conveniente, utilizar el presupuesto o los costos que representa dicha sala para mitigar la excesiva cantidad de procesos que están en espera de respuesta judicial en los tribunales circuitales. Más bien se deben destinar recursos para crear un pull de jueces que de forma permanente puedan atender el flujo de causas que ingresan al torrente judicial, específicamente, las que aparecen rotuladas como sumarias en averiguación, es decir, aquellas que no presentan personas vinculadas y que los jueces deben resolver de manera escrita; para realizar audiencias a los detenidos, a quienes se les fija fecha de audiencia meses después de ingresado el proceso al tribunal, dado que los jueces no tienen espacio en su calendario y, finalmente, para las audiencias con personas imputadas pero que gozan de libertad, ya sea por medida cautelar, fianza o por haber sido aprehendidos por el Ministerio Público.

Si bien hoy en día se desarrolla el plan de descarga penal instituido bajo la presidencia del magistrado Mitchell, este programa no ha tenido el impacto esperado, dado que su movilidad en el ámbito nacional, en períodos prolongados, ha propiciado que el Primer Distrito Judicial, donde se concentra la mayor cantidad de procesos, nuevamente se haya congestionado y duplicado en causas.

En lugar de la Sala Quinta, se deben destinar esos fondos para reforzar las salas de audiencias, dotando de la tecnología correspondiente y no como se aprecia hoy en día en que los juzgados siguen usando las anacrónicas grabadoras con casetes, que resultan inefectivas para los despachos; por otro lado, también habría que descargar a los jueces de funciones que no le son atinentes, es decir, suprimirle las asignaciones en recursos humanos (nombramientos, destituciones, vacaciones, licencias del personal del despacho); lo relativo al pedido de materiales (papelería y demás bienes que se requieren en el despacho); de igual modo, lo relativo a la etapa de cumplimiento, pues luego de emitida la sentencia, el tribunal tiene la obligación de levantar los cuadros estadísticos y de velar porque los sentenciados, con penas principales y sustitutivas, así como los que han recibido un reemplazo de pena, cumplan al día con las obligaciones impuestas dentro de las decisiones.

En definitiva, la sala constitucional responde a un proyecto político con trasfondo inexcusable, y en la que los nuevos togados atenderán un bajo porcentaje de causas, dado que como lo señalan las estadísticas judiciales del último quinquenio, el 80% de la carga laboral recae en el nivel municipal y circuital, por tanto, la comunidad jurídica y la población en general debe mostrar su completo rechazo a la creación de esa nueva instancia para exigir posturas serias y científicas, con miras a que los fondos públicos sean destinados a los temas más prioritarios, más cuando cada día se avecina la implementación del sistema acusatorio que requerirá de tribunales descongestionados para cuando inicie su aplicación en el Primer Distrito Judicial, es decir, en las provincias de Panamá, Colón, Darién y la comarca de San Blas.

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