JUSTICIA

El ´laissez´ jurídico: Ramón F. Castellanos A.

La frase con la que titulamos la presente entrega corresponde a la expresión francesa que dice “Laissez faire, laissez passer” (“dejad hacer, dejad pasar”), es decir, permitir toda iniciativa. Esta se ha desnaturalizado en Panamá en lo que a administración de justicia se refiere, por “dejar de hacer, dejar pasar” en varios estamentos oficiales, en especial en una gran cantidad de tribunales, comenzando con la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué?

Nuestro sistema procesal civil como penal regula ambas jurisdicciones con su propio procedimiento, es más, cuando en la de carácter penal tiene algún vacío, este se soluciona de conformidad con el Art. 1947, y se puede suplir con el Libro Segundo del Código Judicial, o sea, no hay excusa para dejar de actuar dentro del término que señala el procedimiento, que es ley de orden público, por lo tanto, es de estricto cumplimiento para las partes en conflicto e igual para los jueces, fiscales y personeros. Sin embargo, pareciera que para estos últimos no cuenta la obligatoriedad de acatar lo ordenado por la ley procesal, porque en la mayoría de los casos incumplen una serie de principios procesales de carácter fundamental, entre ellos y más importante, el del cumplimiento obligatorio del procedimiento, establecido en los artículos 22 y 32 de la Constitución y en el Código Judicial, que configura otros como el debido proceso, debida defensa, y economía procesal del numeral primero del Art. 215 de nuestra carta magna.

Pero una cosa es lo que dice la ley procesal y otra lo que se practica, que consiste en dejar de hacer y dejar pasar el tiempo. Práctica que se ha convertido en un serio problema en lo que administración de justicia se refiere. ¿Por qué? Sencillamente, los que administran justicia en casi todos los niveles adoptan el leseferismo jurídico al no hacer lo que por ley se les ordena.

Calificamos esta actitud de “incapacidad e ineptitud”. Esto genera –como lo definió el ilustre procesalista panameño Dr. Secundino Torres Gudiño– “la justicia de las tres velocidades, lenta, súper lenta y parada”, porque el concepto de “expedita” consagrado en el Art. 201 de la Constitución es letra muerta desde hace más de 20 años; lo asesinó la Corte de lujo.

Cuánta razón tenía Torres Gudiño, ese concepto de justicia expedita es una utopía. Hoy vemos una galopante burocracia y un exceso de formalismo instituidos con acuerdos, en abierta violación de la ley procesal, defenestrando lo ordenado por el numeral primero del Art. 215 de la Constitución. En la práctica actual, le hacen excesivamente onerosos al Estado los procesos, en abierta violación al principio de la economía procesal, precisamente instituido en la norma constitucional citada.

Estas cosas suceden hoy en todas las esferas judiciales, y lo que es peor, han desnaturalizado recursos como el hábeas corpus y el de Amparo de Garantías Constitucionales. Los responsables de esta lesión son los magistrados de la cúpula, en abierta violación de lo que les ordena la Constitución en cuanto a la forma y el tiempo en que deben resolverlos. Ellos son los responsables de que ciertas garantías constitucionales se hayan tornado ilusorias, porque resolver ambos recursos muchos meses después de la promoción de la acción no es garantía de ninguna protección, más bien genera injusticia aparejada de grandes perjuicios.

No podemos dejar de mencionar que muchos de los funcionarios nombrados como magistrados, jueces y fiscales, logran tal designación en abierta violación de los requisitos que se exigen para ejercer esos cargos, como el de la experiencia en el ejercicio de la profesión. Desconocen el procedimiento plasmado en el Libro Tercero del Código Judicial e igualmente sucede con los magistrados, que al ser designados por el amiguismo, les colocan como gafete El Sombrero de Tres Picos, de Don Segundo Sombra, pero ignoran en qué pico están sostenidos.

Es triste lo que describimos, pero es lo que se percibe en nuestro diario peregrinar por los estrados tribunalicios, en donde solo se escucha “está por resolver” o “está en lectura”. Muchos de esos funcionarios son los verdaderos responsables de la alta morosidad existente en la jurisdicción civil, y sobre todo, en la penal. Ejemplos sobran, pero ¿quién puede ponerle fin a esta situación en la que tienen a la administración de justicia que no está a punto de colapsar, sino de explotar?

Una verdad de a puño, por los predios de los tribunales de Ancón ya no hay ni dónde estacionarse, es un problema que parece no acabar a pesar de los proyectos programados para resolverlo. La Corte pretende resolver la morosidad penal con la designación de jueces de descarga, incurriendo, a nuestro criterio, en peculado. ¿Por qué? Porque reciben un salario para resolver los casos adscritos a su competencia y, pese a que no lo hacen, se les paga. A los jueces designados para hacer descargos igualmente hay que pagarles para hacer el trabajo de los que no resolvieron, es decir, hay una doble facturación para hacer un mismo trabajo ¿Es o no peculado lo que se promueve? ¿Cuál es el proteccionismo hacia ellos? No podemos dejar de preguntar lo siguiente ¿Qué pasó con el acuerdo 398, instituido por el expresidente Harley James Mitchel, para las auditorías? ¿Les torcieron los brazos a él y a los que lo apoyaron para defenestrar ese acuerdo?

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