RETROCESOS

La lucha contra la corrupción: Magaly Janneth Castillo C.

Hace dos semanas estuvo en Panamá una comisión de expertos dando seguimiento al cumplimiento de nuestro país de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Uno de los temas analizados y en el que tuvimos la oportunidad de exponer fue el de la administración de justicia. En materia de persecución judicial de los delitos de corrupción los problemas son innumerables; la existencia de la Ley 59 que exige los informes de Contraloría para poder investigar los delitos de enriquecimiento injustificado y peculado, la exigencia de la prueba sumaria en los delitos contra diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las deficientes normas protectoras de testigos y denunciantes, la falta de una Ley de Carrera Judicial y del adecuado mecanismo para el juzgamiento de jueces y magistrados, entre otras dificultades.

Muchos de estos problemas tienen ya varias administraciones de gobierno y están recogidos en informes y diagnósticos nacionales e internacionales sobre el tema, pero el más grave retroceso presentado ante esta Comisión de expertos fue la reforma aprobada por la actual Asamblea Nacional, conocida como la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012 que modificó los artículos del Código Procesal Penal relativos a los procesos contra los diputados. Esta reforma establece que si en 3 meses y 10 días no se ha concluido la investigación contra un diputado o miembro del Parlacen, se decretará la extinción de la acción penal. Esta ley fue un blindaje que se hicieron a su medida los diputados para no ser enjuiciados por delitos contra la administración pública u otros delitos.

La semana siguiente a la visita de los expertos internacionales, la Asamblea Nacional aprobó un “camarón” legislativo que plantea la reducción del plazo para la prescripción de los delitos de corrupción y enriquecimiento injustificado. Esta propuesta, presentada por tres diputados de la bancada de gobierno, es otro retroceso y desconocimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que contempla en su artículo 29 que los Estados establecerán un plazo mayor para la prescripción de los delitos de corrupción.

Según esta reforma los delitos de corrupción prescribirán en el mismo plazo que los delitos comunes, es decir, con el máximo de la pena aplicable a cada caso, cuando según la legislación aprobada en Panamá en 2008 los delitos de corrupción prescriben en un plazo del doble del máximo de la pena. Los diputados se aseguran que después de 2014, si no son reelectos pueden tener términos de prescripción más cortos y evadir con más facilidad la acción de la justicia.

Esta reducción del plazo para la prescripción de los delitos de corrupción beneficiará a todos los servidores públicos implicados en este tipo de actos y a los diputados que no logren ser reelectos en las próximas elecciones.

Sin embargo, la reforma de septiembre de 2012 sigue siendo la más escandalosa, ya que se aseguran de que las denuncias de corrupción y enriquecimiento injustificado que se presenten, hasta julio de 2014 y mientras permanezcan en el cargo de diputados de República, sean archivadas y extinguida la acción penal.

La única forma de ponerle un alto a esta impunidad en los delitos contra la administración pública es que el nuevo gobierno derogue estas dos leyes nefastas, de septiembre de 2012 y de abril de 2013, reforme la Ley 59 sobre enriquecimiento injustificado, apruebe la Ley de Carrera Judicial y el Tribunal de Integridad y Transparencia, sobre los que ya existe un consenso; se autorregule en la selección de magistrados y procuradores y derogue la Autoridad de Transparencia contra la Corrupción para que se convierta en un ente colegiado, por poner solo algunas de las medidas. Veamos qué candidato a la Presidencia de República se compromete con estos cambios. Si no lo hacen, el otro camino que nos queda a los ciudadanos es el de la constituyente.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

La procuradora general de la Nación de Panamá, Kenia Porcell, viajó a España, donde sostuvo reuniones de alto nivel en la sede de la Fiscalía General de ese país.
Cortesía/Gabinete de comunicación de la Fiscalía General de España

CASO ODEBRECHT Porcell se reúne con fiscal que coordina rogatorias en España

AEROPUERTO Despega operación de Taeca

Se trata del primer vuelo comercial  e internacional que se realiza desde la terminal aérea colonense.
LA PRENSA/Roberto Cisneros

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

22 Nov 2017

Primer premio

3 5 1 5

BBAC

Serie: 13 Folio: 15

2o premio

4722

3er premio

5119

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código