JUICIO

Un magistrado en su laberinto: Domingo Espinosa G.

Uno de los mayores desafíos de la administración de justicia, que se ha transformado en su talón de Aquiles, es la forma cómo se nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque los deja en una posición vulnerable a manos de quién los nombró.

A pesar del clamor de la sociedad civil, estos funcionarios no son designados por sus méritos académicos ni por su solvencia moral comprobada (con algunas excepciones), sino que se designa en esos cargos a los amigotes del presidente de turno, a quien en la práctica “le deben cuidar las espaldas cuando ya no esté en el cargo”. En vez de eso, lo que deberían hacer es guardarle lealtad a la Constitución Política y al pueblo, que es de donde emana el poder público, y acabar, de una vez por todas, con esa práctica malsana y aberrante.

Ahora los expresidentes se refugian en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que les brinda inmunidad “aparente” ante los actos de impunidad que cometieron en sus funciones públicas. Solo el expresidente Guillermo Endara renunció de forma voluntaria a este beneficio. El Órgano Judicial es el péndulo que mantiene el equilibrio de los poderes públicos, por lo que sus fallos deben ser justos, transparentes y expeditos.

La crisis que corroe al sistema de justicia ha deteriorado su accionar, a tal punto que se escuchan denuncias por la venta de fallos a través de los medios de comunicación. Se presume que de ahí proviene el enriquecimiento ilícito. Se habla de un “décimo magistrado” que negocia tras bambalinas con los magistrados, entre otros vicios, incompatibles con sus funciones. Dado los casos que se han presentado, a los miembros de esa corporación de justicia le conviene enderezar esos entuertos, antes que el sistema colapse y los arrastre.

En este momento se procesa al magistrado Alejandro Moncada Luna, que llegó a la CSJ de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, sin estar en la lista que proporcionó la sociedad civil. Se asocia a este señor, presuntamente, de ser censor de los medios de comunicación social en los tiempos de los militares, y actor principal en una revuelta en la Policía Técnica Judicial, en el período del procurador José A. Sosa, entre otros señalamientos. Moncada Luna es acusado por el Colegio de Abogados de enriquecimiento ilícito, corrupción de servidores públicos, entre otros delitos, ante la Asamblea Nacional. A la fecha la fiscalía del caso ha ordenado su separación del cargo, restricción domiciliaria y secuestro de bienes.

Como estamos en tiempo de Navidad, en vez de llegar los Reyes Magos, se presentó un tío llamado Pipo, como salvador de este magistrado en su laberinto. Pero este mago santiagueño, en su afán de darle una manito a su protegido, parece que por el largo viaje con el trineo ha sufrido de amnesia, al entrar en contradicciones, con sus declaraciones, porque primero dijo que le había prestado la suma de 700 mil dólares, pero ahora cambia la versión, y dice que le prestó al sobrino postizo 1.8 millón de dólares. Esto debe poner en alerta a los investigadores, porque alguien no dice la verdad.

En el juicio que se hace a Moncada Luna no importa si es encontrado culpable, o no, porque el proceso pasa del plano jurídico, al político, y la Asamblea Nacional requiere dos tercios de los votos para condenarlo en estricto derecho. Le tocará a la comunidad solicitarle a sus diputados que voten a conciencia por los mejores intereses de Panamá.

Los diputados, y sus partidos, se juegan su futuro político, pues si el pueblo percibe que no actúan con honestidad, les pasará la factura en las próximas elecciones.

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