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Los medios de comunicación y la función social del juez

No se es objetivo cuando se cargan las tintas sin distinguir lo negro de lo blanco, y se usan los medios de comunicación de trampolín o de tonto útil para seguir denigrando a quienes ejercen una función silenciosa

En mi calidad de abogado en ejercicio, y por la misión genérica de todo jurista de contribuir con la tarea de hallar soluciones a los problemas que afectan el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas, me siento obligado a expresar algunas consideraciones en torno a las campañas injustas, negativas e irresponsables que, de manera especial, durante los últimos años, se han venido promoviendo en contra de un número importante de funcionarios del Organo Judicial que administran justicia.

Es el caso que algunos colegas, e incluso ciudadanos sin formación jurídica, han caído en la práctica viciosa de convertir a ciertos medios de comunicación social en una instancia judicial a la que concurren a plantear sus intereses en litigio que, no en pocos casos, sólo tienen como razón su parcializado apasionamiento, carente de objetividad.

Entiendo que la prensa, la radio, la televisión y otros medios de comunicación pueden cooperar con la independencia judicial, y fomentar el prestigio y confianza en la administración de justicia; pero entendemos, también, que pueden causarle un grave daño.

El tratamiento de los problemas judiciales en las noticias, así como las críticas que se formulan a las resoluciones judiciales; la presentación en la televisión y en la prensa del nombre o de la figura del juez o magistrado y de sus elogios o censuras, influyen, no cabe duda, en la formación de la conciencia colectiva.

Y no es que se trate de aislar al juez socialmente o de convertirlo en un ser intocable o irresponsable; lo que se procura es garantizar la independencia del juez que, en la práctica, resulta perturbada para sus actuaciones futuras, porque se afecta la libertad de decisión por el humano temor de que se repitan las críticas que sustentan su libertad decisoria.

Por otra parte, los abogados saben, o deben saber, que el juez es un ser humano, actuante en una delicada función pública que como tal es susceptible de eventuales errores humanos, intelectuales y morales; pero sabe también, el abogado, que el derecho, y particularmente el derecho procesal objetivo, en la regulación del debido proceso, cuenta con los mecanismos suficientes y eficaces para conseguir que esos errores humanos no perduren ni se conviertan en un mal pronunciamiento jurisdiccional.

Es así como a través de esos medios de comunicación se ataca a los funcionarios sin medir las consecuencias, ni mucho menos los efectos que ellas pueden producir en sus familiares, padres, esposas, hijos y demás, e incluso en la sociedad en general.

Este método pertenece a una nueva escuela del derecho que no tiene antecedentes en nuestro país.

Hace apenas una semana, fueron víctimas de estos ataques injustos dos dignos funcionarios del Primer Tribunal Superior de Justicia, los honorables magistrados Eva Cal y Carlos Raúl Trujillo, ampliamente conocidos por su rectitud y honradez en sus decisiones, acusándolos ya no de corruptos, como es costumbre hacerlo en nuestro país, sino atribuyéndoles, tendenciosamente, una incapacidad profesional al dictar, según ellos, una sentencia que es un disparate por revocar una previa que había dictado la Corte Suprema de Justicia, que tenía la naturaleza de firme e irrecurrible. Esa conducta representa, sin duda, un planteamiento insidioso que mezcla actuaciones judiciales con hechos no probados.

Este tipo de argumentaciones que deben ser dilucidados en los tribunales de justicia respectivos, como se adelantó ya, producen incertidumbre, inestabilidad e inseguridad en la población panameña frente a las instituciones jurídicas, causando daños irreversibles.

A partir de 1978, un grupo de abogados asumimos la ardua tarea en nuestro país de luchar, entre otras cosas, por dos aspectos fundamentales dentro de la administración de justicia, estos fueron: (a) mejoramiento de las condiciones económicas del Organo Judicial y del Ministerio Público; y (b) la aprobación de una ley que regulara el ejercicio de la abogacía, que contemplara un Código de Etica y el ejercicio profesional protegido con la institución de la colegiación profesional obligatoria.

Ambas cosas se lograron: la primera a través de la reforma constitucional de 1983, que aprobó el Artículo 211, que establece en lo medular:

“Los presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central.”

Y la segunda aspiración la logramos en 1984, a través de la Ley 9 de ese año.

Hoy día, sin embargo, sólo está vigente el tema del 2%, mientras que la Ley 9 de 1984, sobre el ejercicio de la abogacía, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de esa época, en lo que se refería a la colegiación obligatoria. Con esta decisión se ha aumentado la violación a la ética profesional en nuestro país.

Quienes acceden a los medios de prensa con el fin de denigrar al funcionario judicial para hacer prevalecer sus intereses personales, no solamente lesionan el honor y la dignidad del funcionario judicial, sino que atentan contra la independencia judicial y desbordan, con lamentable desdén, el respeto que merece el juez o magistrado.

No se es objetivo cuando se cargan las tintas sin distinguir lo negro de lo blanco, y se usan los medios de comunicación de trampolín o de tonto útil para seguir denigrando a quienes ejercen una función silenciosa, de mantener un prestigio intachable, a sabiendas que los litigios constituyen una contienda judicial donde unos pierden y otros ganan.

Instamos a la junta directiva del Colegio de Abogados a que realice acciones concretas y categóricas tendientes a atenuar estos hechos que tanto daño le están haciendo a la administración de justicia en nuestro país y, por ende, a la abogacía panameña y a la sociedad en general.

El autor es ex presidente del Colegio de Abogados

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