ACTIVIDAD POLÍTICA

¡El meollo de la cuestión!: Juan Manuel Castulovich

Después de ocuparse de propuestas menos trascendentes desde el mes de enero pasado, cuando reanudó las discusiones que los magistrados impulsan de manera recurrente todos los años siguientes a los comicios generales, la Comisión Nacional de Reformas Electorales se apresta a entrar en el meollo de la cuestión: el financiamiento de las campañas, de la actividad política de los partidos y de los candidatos.

Panamá es más que sui géneris cuando se trata del financiamiento de la política. Difícilmente, en el resto del mundo, existe un sistema como el que impera en nuestro país. Algunos estimados apuntan a que en el pasado torneo electoral la suma combinada del financiamiento público y privado pudo elevarse hasta los 500 millones de dólares. Que en un país de nuestras dimensiones, no importa que seamos la economía de mayor crecimiento proporcional de la América Latina, puedan gastarse esas cantidades de dinero es absolutamente escandaloso.

La actividad política en Panamá se financia por tres vías. La primera, mediante fondos que salen del Presupuesto General del Estado, tirando de la norma constitucional, el artículo 141, que dice que el Estado “podrá” contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos “en los procesos electorales”. Esa norma, por su tenor literal, no imponía al Estado la obligación de contribuir a esos gastos, pero al “ser desarrollada” en el Código Electoral se la transformó en mandato. En sus artículos 179 y 180, en el primero, se dice que el Estado “contribuirá”; en el segundo se fue más lejos, se dispone que la contribución equivaldrá al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Y como esos ingresos crecen todos los años, el incremento del subsidio ha sido exponencial. En el proceso de 1999 fueron $15.4 millones; en 2004, $20.3 millones; en 2009, $33.7 millones; y en 2014, $69.8 millones. El salto de 2009 a 2014 fue del 100%. Por consiguiente, si la norma no es reformada, para 2019 podría remontar a $130 millones o $140 millones.

La segunda vía de financiamiento, también estatal, y dentro del marco de la ley, son los aportes indirectos del Estado mediante las exoneraciones que se conceden a los partidos, a los candidatos, a los funcionarios electos o mediante el acceso gratuito a los medios de comunicación de propiedad estatal. De estos aportes indirectos no hay cuantificación, pero el Tribunal Electoral podría y debiera hacerla.

Una vía alternativa de financiamiento con fondos estatales, pero está fuera de la ley, es el uso abusivo de los recursos públicos para proselitismo o la compra de respaldos electorales. En el pasado torneo adquirió proporciones desorbitadas como quedó en evidencia con el sinnúmero de denuncias e impugnaciones que proliferaron contra muchos candidatos y que resultaron en condenas para sus autores; pero que paradójicamente no los descalificaron para volver a correr en las nuevas elecciones que se convocaron. Finalmente, la otra vía son los financiamientos privados, que pueden fluir hacia los partidos y los candidatos o ser aportados por los propios candidatos. En cuanto a estos no existen controles ni topes. Algunos tímidos intentos de establecerlos han servido de muy poco, especialmente porque no es obligatorio hacerlos públicos.

¿Por dónde comenzar a poner remedios? Primero, por eliminar la norma porcentual o reducirla a la mitad. Segundo, podría prohibirse recibir financiamiento público cuando se recibe el privado, o viceversa. Tercero, que los subsidios solo puedan recibirse durante los procesos electorales; actualmente, en contravención de la norma constitucional, los subsidios se reparten antes y durante los procesos electorales, y también durante todos los años que median entre los procesos electorales. Cuarto, acortar las campañas políticas y los procesos electorales, que en Panamá son de las más extensas del mundo.

Pero para reformas como esas y cualquier otra que pudiera contribuir a liberar los torneos electorales de la influencia masiva y perniciosa del dinero, que los han convertido en una competencia de gastos, antes que de propuestas, será necesario un respaldo contundente del conjunto de la sociedad panameña, lo suficientemente fuerte como para vencer la resistencia de los partidos representados en la Asamblea y así lograr su aprobación. Sin esa presión de la sociedad civil, poca esperanza hay de lograrlo, con la consecuencia, trágica para la democracia, de que para las elecciones de 2019 se repitan las danzas millonarias, para imponer intereses sectarios por encima del interés nacional.

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