AMENAZA

El virus del militarismo se propaga en Panamá: Jorge Rivera Staff

Aunque en nuestro país la Constitución prohíbe que tengamos ejército, en los últimos años hemos sido mudos testigos de un proceso de remilitarización de nuestra fuerza pública con la excusa del combate al narcotráfico.

De un presupuesto para seguridad pública de $159 millones en el año 2005 se ha más que triplicado esa suma hasta los $580 millones para 2013, sin que los ciudadanos hayamos visto resultados equivalentes en las estadísticas ni en la percepción sobre la inseguridad que puedan justificar este elevadísimo gasto.

Además, si tenemos en cuenta que estos gastos en seguridad pública no incluyen programas preventivos que resuelvan las causas reales de los delitos, sino que están destinados para acciones represivas que reproducen el círculo de violencia, esta realidad es todavía más desalentadora.

Pero esta remilitarización no se da solamente en el plano de los gastos en armas o equipos (que para rematar son fuente de corrupción, como los 250 millones del caso Finmeccanica), sino, principalmente, en las actitudes y acciones tomadas por los involucrados. Es que el militarismo, al ser una fase superior del autoritarismo, no necesariamente precisa de un ejército para que exista esta mentalidad. Hay muchos países que tienen ejércitos, pero en los cuales no hay una actitud autoritaria ni militarista de parte de sus gobernantes o de los miembros de sus fuerzas de seguridad.

La personificación perfecta de este nuevo militarismo en Panamá, la tenemos en la figura de José Raúl Mulino que cada vez le rinde menos cuentas a nadie, empezando por descalificar a la sociedad civil y los gremios organizados al comienzo del gobierno, ordenando la represión violenta de las protestas del pueblo panameño en diversas ocasiones, recientemente, incluso irrespetando las directrices de otra entidad pública como el Ministerio de Educación. Esta mentalidad prepotente de los jefes civiles es observada como normal por los subalternos y se propaga entre los mismos en todos los niveles.

El problema principal es la convicción de estos señores de que el estado de derecho y los controles legales no les aplican y, por lo tanto, su sensación de poder sigue aumentando hasta el punto en que cualquier control u opinión en contra se convierte en un obstáculo que debe ser superado o eliminado.

La forma cada vez más violenta con la que se reprime al pueblo que protesta para que se respeten sus derechos y como rechazo a los actos autoritarios de este gobierno es muestra clara de lo que decimos. Se han producido muertos y heridos, pero en vez de investigar lo sucedido y enmendar los errores, el actual régimen sale siempre a responsabilizar a otros por la violencia generada. En la comarca y en Bocas del Toro, decían que eran “indios borrachos” manipulados por la oposición, mientras que en Colón han sido maleantes y empresarios conspiradores los culpables.

Debemos abordar este problema con firmeza para vacunar a nuestra sociedad contra el virus del militarismo que se propaga entre ciertos miembros del gobierno y de la fuerza pública, antes de que sea demasiado tarde para nuestra frágil democracia.

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