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GOBIERNO EN DEMOCRACIA

¡Más de lo mismo, vamos mal!: Elvis Anthony Ureña

El amanecer del 20 de diciembre de 1989 trajo consigo el resurgimiento de la democracia en Panamá, momento histórico desde el cual se encaminaron esfuerzos para su consolidación vía reformas constitucionales, con los actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994, y el acto legislativo 1 de 27 de julio de 2004, “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, ...” (Preámbulo de la Constitución Política).

Esa finalidad se mantuvo en plena armonía con las normas constitucionales siguientes, que establecen que el Gobierno de la República de Panamá “es unitario, republicano, democrático y representativo” (Art. 1), que “El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”. (Art. 2); y que “Las autoridades de la República están instituidas para ... cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. (Art. 17).

Bajo esas premisas constitucionales, se sentaron las bases iniciales para la fundación del estado de derecho, y la institucionalidad democrática de Panamá, ya que se legisló por un gobierno de leyes, custodio celoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos y respetuoso del sistema de frenos, pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, para asegurar su equilibrio y buen funcionamiento.

Hacia ese mismo objetivo, cualquier otro plan o cambio destinado a consolidar la democracia y el estado de derecho en Panamá, acatando la Constitución vigente, como la reciente propuesta de reformas constitucionales abiertas a la ciudadanía panameña, es aplaudido y bienvenido.

Por lo tanto, es evidente que nuestra Carta Magna vigente rechaza cualquier actuación propia de un Estado absolutista, caracterizado por un gobierno autoritario, que directa o indirectamente impone su voluntad por encima de la Constitución Política y la ley, de la independencia de los demás órganos de gobierno, y de los intereses del pueblo; voluntad esta expresada con abuso, acumulación, concentración o desviación de poder.

De 1989 a la fecha llevamos cinco administraciones de gobierno en democracia, y tal pareciera que algunos políticos de mi patria panameña, siguen añorando y llevando a cabo con su actuar, “más de lo mismo”, con lo cual quiero decir, más de lo que todo pueblo o sociedad de ayer y de hoy (por ejemplo, Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen y Libia) han aborrecido: Políticos y gobiernos dictatoriales, totalitarios, autoritarios, corruptos, engañadores, etc.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me parece aún oportuno hacerle un llamado respetuoso de reflexión, a los señores políticos en oposición y del gobierno de turno (presidente, diputados, alcaldes, representantes, tránsfugas, asesores, etc.), en dos sentidos:

El primero, que el poder que emana del pueblo y otorgado con su voto de elección, no es un poder o mandato ilimitado, es más bien un mandato de representación limitado a facultades debidamente descritas en la Constitución y la ley, que no debe seguir usándose de forma arbitraria, antojadiza o caprichosa, para responder a sus intereses personales, partidistas o politiqueros.

El segundo, que como para gobernar ostentan un mandato de representación del pueblo panameño, es su deber prestarle atención, y una de sus voces, sin afiliación política y que también le dio ese mandato, pide al gobierno actual, que sea consecuente con su palabra y promesas de campaña política (no más de los mismos políticos de siempre, etc.); que la impunidad no sea cobijada bajo el amiguismo político; que en la Corte Suprema de Justicia, donde pueden ventilarse casos con interés especial del Gobierno Nacional, no se nombren amistades y copartidarios del gobierno; que cumplan y hagan cumplir la Constitución y la ley. Hacer lo contrario, es más de lo mismo, así vamos mal.

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