GOBIERNO

El mercado y la moralidad, privada y pública: I. Roberto Eisenmann, Jr.

La última crisis financiera internacional produjo una duda muy grande sobre la habilidad de los mercados de asignar eficientemente los riesgos. Además, convenció a mucha gente de que los mercados están cada día más apartados de la moralidad y que hay que volver a reconectarlos. Lo que no es tan obvio es cómo hacerlo, nos dice quien fuera mi profesor de Gobierno, en Harvard, Michael J. Sandel, en su último libro Lo que el Dinero no puede Comprar.

Lo cierto es que la ciudadanía del mundo entero exige más integridad y responsabilidad de los banqueros. Por ejemplo, ¿debe temblar nuestro gobierno porque la deuda de la macrotrampa corrupta de Finmeccanica terminó consignada en un documento por pagar al Citibank? ¿No tiene el Citi la responsabilidad de “conocer a su cliente” y sus corruptos métodos de hacer negocios?

Si la mercancía entregada tiene sobreprecios reconocidos, no funciona y no cumple... ¿no es justificable que el cliente timado (la República de Panamá) se niegue a pagar? ¡Claro que sí lo es!

¿Es aceptable que un gobernante aplique la compra y venta a toda su gestión de gobierno? ¡Se compran votos, se compran diputados, se aplican auditorías e inventan impuestos, para luego comprar negocios y concesiones baratas, como se compran jueces, magistrados... y un larguísimo etcétera! Esto no es más que un gobierno autocrático que se dedica a la delincuencia a tiempo completo.

El gobierno que así actuó, pretendió cambiar en nuestro país la economía de mercado –que es un instrumento eficaz para organizar la actividad productiva en una sociedad de mercado– para que todo aspecto de la actividad humana (personal y pública) se sometiera a la vulgar compra y venta; para que todas las cosas y todos los seres humanos tuvieran precio. La política la quiso convertir en un vacío... vacío de contenido y parámetros morales y espirituales.

La delincuencia política estuvo a un tris de tomarse el país (60 mil bombas lacrimógenas compradas para el SPI en los últimos tres meses de gobierno), pero el pueblo panameño, con su infinita sabiduría, emitió un contundente voto: ¡No!... ¡Basta ya!... ¡Fuera!

Ahora ese mismo pueblo que utilizó su voto bien, es el que exige, impaciente, que los delincuentes políticos paguen por sus crímenes. El “aquí no pasa nada” ya no es aceptable. Cierto que no se puede gobernar solo viendo el espejo retrovisor, y que hay que mirar hacia adelante, pero el cáncer de la corrupción lo produce la impunidad, y ese mal hay que cortarlo de tajo.

Los casos tienen que armarse bien, jurídicamente, y al procurador hay que escogerlo bien: independiente, conocedor y –sobre todo– ¡valiente!, y las denuncias formales hay que ponerlas todas en los próximos meses, para que el nuevo procurador inicie las investigaciones.

La ciudadanía está aliviada. Su acción electoral salvó al país, pero no hay descanso. Ahora hay que rearmar el sistema para que no se pueda elegir a un próximo delincuente político. Se comienza por eliminar la impunidad, produciendo la certeza del castigo e ir reduciendo los peligros del presidencialismo abusador, con muchas pequeñas reformas alcanzables. El poder que tiene que mover todo esto, es el poder ciudadano. En una democracia, el poder pertenece al pueblo.

El presidente Juan Carlos Varela lo describió bien durante la campaña: “Pueblo, yo estoy pidiéndoles trabajo. Yo seré empleado de ustedes. Seré un servidor público más”. Es mandatario por designio del pueblo, al que responde y se debe.

El mercado, la compra y venta de cosas, son propias de la economía. La función pública es otra cosa, y sí tiene que ver con moralidad. En esta la compraventa no debe tener cabida alguna.

En las elecciones del 4 de mayo no solo salimos de la delincuencia presidencial, salimos de una equivocada aplicación del mercado en la función pública. ¡Nunca más!

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